¿Coca jurídica?

Realmente nos encontramos frente a una novedad en pleno Siglo XXI, que emerge de la aplicación de la hoja de coca en diferentes actividades, a partir del acullicu (masticación), pasando por la medicina, el narcotráfico en gran escala, para finalmente recalar en las decisiones jurisdiccionales, porque así lo amerita la declaración pública del abogado G. Cusi, que a la postre es el Decano del Tribunal Constitucional.

Se podría suponer que se trataba de una broma de mal gusto, como aquella lanzada por el ministro de Relaciones Exteriores David Choquehuanca, quien pretendió hacer consentir a sus oyentes que la “papalisa” sería de la misma naturaleza del famoso Viagra, pero posteriormente manifestó que lo hizo en son de broma, dejando con los crespos hechos a quienes seguramente deseaban consumir ese tubérculo.

El tribuno Cusi no solamente que no rectificó aquella declaración, sino que sostuvo su actitud, con la modificación de que acudía a la hoja de coca para verificar si su fallo en proyecto se ajustaba o no a la ley, procedimiento que menoscaba al propio Tribunal Constitucional en su conjunto, en razón de que todo fallo constitucional debe ser de conocimiento de dicho Tribunal, aspecto que no ha tenido en cuenta su actual Presidente, cuando sostiene que aquel exabrupto solamente sería de responsabilidad personal. Es una pena, pero sería así.

Pese a ello, ese comportamiento significa que los derechos de las personas se encontrarían sometidas a la bendita hoja de la coca, en absoluto desconocimiento a las atribuciones del Tribunal Constitucional que, en cualquier parte del mundo, está para preservar todos los derechos de los ciudadanos, así como ejercer autoridad de control constitucional, de manera que los gobernantes de turno o cualquier autoridad no actúen en contra de algún derecho que se encuentra reconocido no sólo constitucionalmente, sino también por los pactos y acuerdos internacionales a los que el Estado boliviano se encuentra comprometido, y de igual manera impedir la presencia de normas jurídicas contrarias a la propia Constitución. Por otra parte, no se debe ignorar que el contenido material del derecho al que se subordinan el Estado y el poder debe ser justo.

Todo magistrado, que se supone tiene una formación académica, de ninguna manera puede sustraerse de los lineamientos jurídicos y acudir a mecanismos que nada tienen que ver con la ciencia del Derecho, tal como supone el señor Cusi, que por aquella actitud tendría que ir a engrosar a grupos que se dedican a la superchería, donde los problemas íntimos de las personas se dice que pueden ser resueltos, pero no a la luz de la ciencia jurídica.

Parecería que la denominada NUEVA JUSTICIA tendría que someterse a la suerte y no al ordenamiento jurídico, cosa que no se puede admitir bajo ningún argumento, porque la vida, el honor, el patrimonio de las personas, e inclusive del Estado, no pueden estar sujetos a este nuevo tipo de consulta, que seguramente continuará utilizando su progenitor.

Esta majadería determina reiterar los conceptos que vertimos en su oportunidad, cuando observamos el procedimiento al que se sometieron los postulantes a los órganos judiciales, cuando señalamos claramente que el remedio SERÍA PEOR que la enfermedad, y ahí está la respuesta.

(El ejercicio del poder corrompe y su sometimiento degrada).