El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, ratificó ayer sus denuncias contra el gobernador suspendido de Beni, Ernesto Suárez y “algunos” dirigentes indígenas por supuesta malversación de recursos y montos fiscales entregados a estos que no contarían con descargos.
Por su lado, Suárez Sattori, respondió a Quintana llamándolo el “mariscal de Pando” y aclaró cada sindicación, asegurando que el Gobierno central “le tiene terror” a la marcha indígena y por ello ha comenzado a atacar a sus dirigentes.
Suárez Sattori, en declaraciones a dos cadenas de televisión, respondió a la autoridad del Ejecutivo con duros cuestionamientos demintiendo que existan irregularidades en los proyectos ejecutados dentro de la reserva natural.
“Fantasmas son los 33 camiones que desaparecieron, pero cuando viene alguien como el mariscal de Pando, como le llamo, a hacer este tipo de declaraciones se debe aclarar que entre 2006 y 2007 existió un proyecto de un camino entre San Ignacio a Santísima Trinidad y que es parte del tramo III, se licitaron Bs 2 millones el 2006 y se completó el 2007, cuando se intentó avanzar los indígenas no nos dejaron y sólo se invirtieron Bs 4 millones. La auditoría de esos años ya se realizaron y porque no utilizan esos informes para ver si es una carretera fantasma o no”, declaró.
Según explicó, la inversión realizada fue de menos de Bs 8 millones, como fue la primera denuncia de Quintana el pasado domingo en los medios estatales y que ahora se trataría de Bs 4 millones, que son una mínima parte de la inversión aprobada por el Gobierno central para la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos. Cuestionó especialmente los 65 kilómetros del tramo II que están en debate.
“A mí me están investigando por haber invertido eso, por supuestamente 1 millón de dólares, que le aclaré a Quintana que sólo son Bs 4 millones, y ellos están invirtiendo 450 millones, imaginen la diferencia”, agregó.
El ministro de la Presidencia, Ramón Quintana, a tiempo de reiterar sus denuncias y presentar documentos de 2006 al 2008 de la Gobernación de Beni, ahora controlada por la autoridad interina Haisen Ribera, dijo que no se trata de un tema político y por tanto remitirá el caso ante el Ministerio de Transparencia.
Ante la consulta de EL DIARIO sobre el “terror” que existiría ante la anunciada novena marcha indígena, según citaron opositores, la autoridad respondió que no se trata de temor.
“Respecto a la marcha, como Gobierno respetamos la decisión de las comunidades indígenas que con todo el derecho que les asiste en la CPE pueden hacer la marcha que decidan. Solamente que hay tomar en cuenta que no son todas las comunidades; en las próximas horas ya tendremos la información exacta para saber cuántas comunidades tomaron esta decisión respecto a otras que no tomaron esta decisión. Hay dirigentes que han propuesto explorar otras alternativas para no pasar por el núcleo del TIPNIS”, expuso.
Para el presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) Adolfo Chávez, las acusaciones de Quintana deben demostrar con documentos que los dirigentes recibieron viáticos o algún recurso estatal que no haya sido descargado.
“No puede acusar al compañero Fernando Vargas o a nuestro hermanos diputados indígenas, que demuestre con documentos, el ministro Quintana se las va ver muy fea con los pueblo indígenas”, enfatizó.
Finalmente, la asambleísta departamental Hilda Rea (MAS), pidió investigar el destino de la inversión estatal en el TIPNIS. “En los últimos años se desembolsaron recursos para ese lugar, pero nunca se ha sabido a cabalidad y a ciencia cierta en qué se ha invertido ese dinero”, dijo a ABI.
DATOS
- Ejecutivo presentó estados de cuenta de diez dirigentes indígenas que habrían recibido recursos entre 2006 a 2008, para programas y proyectos dentro del TIPNIS desde Bs 137 mil hasta Bs 500 mil y que no contarían con descargos.
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