CN revalida a sus legisladores y MAS aprueba resolución camaral

Santa Cruz, EL DIARIO.- El jefe de la bancada de Convergencia Nacional (CN) en la Cámara de Diputados, Luis Felipe Dorado, manifestó un “total respaldo” a sus colegas parlamentarios Adrián Oliva y Norma Piérola, amenazados de procesamiento ante la Comisión de Ética por el oficialismo. En contrapartida a la declaración de Paraguay, el oficialismo aprobó una resolución camaral en la Cámara Baja, rechazando la denominada persecución política.

El eventual proceso que pretende impulsar el Movimiento Al Socialismo se produce a raíz del viaje de los legisladores a Paraguay, que culminó con una declaración de la Cámara de Diputados del vecino país condenando la persecución a opositores y los atropellos a los derechos humanos en Bolivia.

El diputado Adrián Oliva señaló que Piérola y él están siendo “perseguidos por denunciar persecución”.

“Esta amenaza de procesamiento se convierte en la mejor confirmación de la veracidad de nuestras denuncias, en el sentido de que existe una judicialización de la política y una represión contra las opiniones disidentes”,

En tanto, en la Sede de Gobierno, el oficialismo aprobó su propia resolución en la Cámara Baja, rechazando la declaración del Congreso de Paraguay, señalando que los opositores realizaron “irresponsables denuncias” sobre la supuesta persecución política.

“La declaración rechaza enfáticamente las denuncias realizadas por supuesta persecución política que se estuviere efectuando en el Estado Plurinacional de Bolivia, dejando claramente establecido que solo existen procesos judiciales en contra de aquellas autoridades y ex autoridades que están siendo procesadas por graves delitos y hechos de corrupción en contra de los intereses nuestro Estado”, precisó la presidenta de esta instancia legislativa, Rebeca Delgado.

La Declaración de la Cámara de Diputados del Paraguay cita: “Su solidaridad con las ex autoridades electas por voluntad popular y ciudadanos bolivianos sin distinción alguna, que por razones políticas están siendo injustamente perseguidos, procesados o detenidos en Bolivia, en franca vulneración del derecho internacional de los derecho humanos, Pactos y Tratados Internacionales y normas de derecho interno, que garantizan el ejercicio de los derechos civiles y políticos en Bolivia”.