¿La justicia boliviana en manos de brujos e improvisados?

Cuando en el momento histórico efectuamos duras críticas, con pleno sustento jurídico político, sobre el nefasto método de este Gobierno para el nombramiento político de las autoridades del Poder Judicial, contra un 60% de oposición ciudadana, en amañadas elecciones, advertimos que administrar justicia no era lo mismo que dirigir un sindicato cocalero, una organización o club social. Dijimos que esta tarea debía ser encomendada a los mejores hombres del derecho y sin militancia política, porque en este accionar jurídico administrativo se pone en juego la independencia de los poderes y la credibilidad de la justicia. Ahora se confirma la denuncia de copamiento de este poder, convirtiéndolo en un apéndice del Poder Ejecutivo, ingresando en la praxis a un estado dictatorial.

Manifestamos entonces que la base, sustento e imagen de una sociedad democrática civilizada tenía, como basamento incuestionable, que contar con una administración de justicia imparcial, proba, independiente y soberana, sin injerencia de otro poder del Estado, anteponiendo ante cualquier abuso de poder la vigencia del estado de derecho, traducida en el máximo respeto a la Carta Constitucional, las leyes y los derechos humanos, donde se encuentra precisamente la justicia como bien supremo incuestionable.

El tiempo da la razón a aquel cuestionamiento, porque gracias a aquella metodología se ha designado, con raras excepciones, a elementos con poca o ninguna formación forense judicial y por ello han tenido que acudir a la adivinanza y la brujería para dictar fallos, nada menos que en materia constitucional, desconociendo que precisamente este instituto legal de control constitucional fue creado para evitar el abuso de poder.

El pueblo boliviano a diario ve azorado los improntus y adjetivaciones que emiten el Presidente y su Canciller, aunque por su escasa o ninguna formación académica hasta cierto punto se los podría pasar por alto por una o dos veces, pero esta actitud reiterativa debe parar, porque ellos representan al país y el mundo nos califica como ignorantes e incivilizados.

Pero lo que resulta inadmisible es que nada menos que un alto miembro del Tribunal Constitucional Plurinacional en forma pública haya manifestado que debe consultar a las hojas de coca (principio activo de la fabricación de cocaína) para dictar dizque un fallo, dejando a un lado la lectura de la Carta Constitucional y las leyes de la República, faltó el degollamiento de una llama para culminar esta afrenta a la ley.

Esta actitud de insulto a los hombres que tenemos formación académica no puede seguir y confirma a plenitud la repulsa ciudadana antes de la puesta en marcha de este experimento eleccionario, cuando afirmamos que bajo este nefasto proceder eleccionario el Poder Judicial sería herido de muerte, porque el ciudadano que tenía la esperanza de que la justicia cambie, sería nuevamente, defraudado, precisamente por el Gobierno del “cambio” y que todas las medidas político administrativas diseñadas al azar serían un rotundo fracaso.

¿Cuál será la receta para frenar este despropósito que pone en ridículo no sólo al Poder Judicial y al Gobierno, sino la inteligencia del pueblo?

Lo mínimo que debe hacer el Presidente, que tiene poderes supremos, es destituir y enjuiciar al mencionado “tribuno” para sentar el precedente de que en Bolivia existe todavía un estado de derecho y que las autoridades de alto rango del Estado Plurinacional emitan sus fallos encuadrados en la Constitución y las leyes.

De no hacerlo, ingresaríamos en un territorio de barbarie jurídica. Juzgue el pueblo.

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