Inercia en la COB

El 1 de abril de 1952 fue creada la Central Obrera Boliviana, bajo la dirección de Juan Lechín Oquendo, máximo representante de los trabajadores mineros del país. En sus inicios impulsó la vigencia del fuero sindical. La demanda de mejoras salariales fue acompañada con la presión de paros generales y manifestaciones de diversos tipos.

Constantemente organizó congresos ordinarios y extraordinarios para tratar diversas demandas sindicales. Innumerables fueron las manifestaciones de protesta y la combatividad era parte de su existencia. Las demandas de los trabajadores eran a veces respondidas con metralla, especialmente por gobiernos golpistas militares que perseguían, encarcelaban o desterraban a dirigentes sindicales.

Una de estas represiones sucedió el 10 de noviembre de 1979, con el golpe militar de Alberto Natusch Busch. Entonces la COB y la organización de campesinos respondieron a una acción militar de tanques que se desplazaban por calles de la ciudad de La Paz, matando a civiles indefensos. Entonces la COB determinó una huelga general indefinida con bloqueo de caminos, lo que hizo tambalear a los militares golpistas que estuvieron en el poder dos semanas. El número de bajas civiles fue de un centenar y más de 500 heridos. Esta acción militar coincidió con la celebración de una festividad, por lo que lleva el nombre de “masacre de Todos Santos”.

Comparando ese tiempo con el actual, se nota la disminución combativa en los cuadros sindicales. Después de cuatro años fue renovada la dirigencia de la COB en un Congreso ordinario realizado en Tarija, siendo elegidos líderes de diferentes organizaciones, presididos por un novel trabajador directivo de los mineros. Un problema que atinge a los trabajadores es el aumento salarial para compensar el costo de vida y el alza de precios de la canasta familiar.

El congreso ordinario y ampliado consideró que alimentación, salud, educación y trabajo deben ser los pilares para elevar el nivel de vida de los trabajadores. Existen demandas de diversos sectores que merecen apoyo de este organismo matriz, como la Ley Corta para los TIPNIS. El estatuto del funcionario público y de municipalidades atenta contra el derecho de los trabajadores. El decreto, con reglamentación, que establece ocho horas de trabajo para médicos y el sector Salud no convence y provoca conflicto permanente.

También la COB debería pronunciarse ante el aumento inconsulto de las tarifas del transporte urbano, que ha provocado reacciones de sectores sociales, pese a la intervención de las municipalidades, que piden consenso y sin embargo son rebasadas sus decisiones.

El autor es ex docente de la UMSA.