NNUU analiza proceder gubernamental sobre derechos civiles y justicia en Bolivia

La Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia (OACNUDHB) presentó oficialmente el informe sobre la justicia y el ejercicio de los derechos civiles. Analistas observan tres ejes de la acción gubernamental como la vulneración a la consulta previa a los indígenas del TIPNIS, la nueva justicia y las elecciones judiciales, así como la lucha contra el racismo y la discriminación.

La parte sumaria del documento presentado ayer por el titular de la organización, Denis Racicot, es el cuarto informe anual de la entidad y refiere que durante la gestión 2011 – 2012 se apreciaron progresos significativos en la lucha contra el racismo y la discriminación, tales como la conformación plural y participativa del Comité Nacional contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación

Asimismo, en materia de derechos económicos y sociales, algunos indicadores confirmaron la tendencia positiva registrada en años anteriores, gracias a la continuación de programas sociales de distribución directa de recursos a determinadas poblaciones.

Sobre las elecciones judiciales del 16 de octubre pasado, NNUU cita que “se observó un alto porcentaje de votos blancos y nulos, así como críticas hacia el proceso en su conjunto. Tanto el procedimiento de preselección de los postulantes como el proceso de información para los votantes ameritan ser revisados”, en un proceso que resultó inédito en la región.

En el caso del TIPNIS y los derechos colectivos de las comunidades originarias, Racicot citó: “La realización de los derechos de los pueblos indígenas evidenció estancamiento, en particular respecto a su derecho a ser consultados a fin de obtener su consentimiento previo, libre e informado sobre proyectos y medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectarles”.

A criterio del ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, en el tema de los derechos indígenas existe una contradicción con los sectores originarios con una política de represión asumida el año pasado y que no cuenta con avances procesales, además de advertir que la novena marcha podría correr el mismo riesgo.

Sobre la justicia, Cárdenas aseguró que el Gobierno terminó de liquidar la reforma de la administración judicial, politizando las elecciones judiciales y delegando esta responsabilidad a personas no idóneas, porque así lo estarían demostrando hasta la fecha sin haber avanzado con la resolución de causas y por las polémicas declaraciones de un magistrado.

En la lucha contra el racismo, el ex dignatario dijo que el informe de NNUU no considera que es el propio Gobierno quien no cumple con estas disposiciones, citando el caso de la represión a los indígenas del TIPNIS o las coplas ofensivas a las mujeres.

Para las autoridades oficiales, el informe destaca la labor del Gobierno central, especialmente en el área social. A decir del ministro de Gobierno, Carlos Romero, “se destaca, por ejemplo, el hecho que el bono Juancito Pinto ha beneficiado a una gran cantidad de niños y de familias, mejorando los índices de acceso y estabilidad en el sistema educativo”.

Asumió que en las elecciones judiciales hubo avance en cuanto al cambio en la administración de justicia, pero quedan detalles por corregir en el proceso de selección y la difusión de información electoral.