Oruro exige lealtad y unidad para no perder su territorio

Oruro, 23 (EL DIARIO).- La Asamblea de la Orureñidad demandó lealtad y unidad de las autoridades y parlamentarios, para no permitir la pérdida de territorio en el departamento a través de un proceso técnico de georreferenciación que impulsa el Ministerio de Autonomías, puesto que no resolverá el conflicto de límites con el departamento de Potosí.

La reunión de representantes de instituciones de Oruro, que se efectuó la noche del pasado miércoles, advirtió que hasta el momento “existe la unidad de todos, empezando del gobernador, Santos Tito, y de los asambleístas nacionales y departamentales, para exigir respeto al territorio de nuestras comunidades afectadas”.

La presidenta del Comité Cívico de Oruro, Sonia Saavedra, dijo que las autoridades del departamento fueron convocadas para una próxima asamblea, que se realizará el martes 27 de marzo, para “instarles a defender el departamento o, caso contrario, someterse al revocatorio de su mandato”.

En la asamblea, los técnicos y entendidos en la materia explicaron que la georreferenciación “no resolverá el conflicto de límites entre los departamentos de Oruro y Potosí” y que, por el contrario, “se trata más de una tarea apresurada del gobierno, para tratar de salvar su responsabilidad frente a ese problema cada vez más complejo”.

El asambleísta departamental, Eduardo Campos Velasco, explicó que la georreferenciación es una tarea técnica que sólo puede realizarse cuando se dispone de una cartografía definitiva que establezca con claridad los límites”, pero esa cartografía definitiva “no existe y tampoco es aceptada por ambas partes, por lo que los hitos o mojones, no existen o no están ubicados de conformidad de las partes”.

Agregó que, en esas circunstancias, la utilización de la georreferenciación -como propone la ministra de autonomías Claudia Peña-, no contribuye a la solución del conflicto y por el contrario, puede enervar los ánimos de orureños y potosinos, al no ser suficiente para resolver el diferendo.

Advirtió que el conflicto se sitúa en el ámbito del derecho, en el que las partes (Oruro y Potosí) reclaman su dominio sobre el territorio, mismo que a falta de una base cartográfica y documental exacta, deberá definirse en un proceso jurídico administrativo ante una instancia imparcial, en el marco de la constitución y las leyes.

Las comunidades de los municipios de Quillacas, Pampa Aullagas y Salinas de Garci Mendoza, dependientes del departamento de Oruro, reclaman respeto a su territorio, de acuerdo a los documentos que presentaron y que datan desde 1571. Mientras que Coroma, Potosí, quiere avanzar hacia el territorio orureño, para “marginarnos de participar en el Salar de Uyuni y del volcán Thunupa, que siempre ha sido orureño”, expresó la presidenta del Comité Cívico de Oruro, Sonia Saavedra.

La asamblea del Comité Cívico también resolvió exigir la renuncia de la ministra de Autonomías, Claudia Peña, por haber demostrado incapacidad en la solución de este conflicto, que se mantiene desde hace 20 meses, cuando se firmaron las primeras actas de pacificación.

El conflicto fue agravado por la presencia del viceministro de Autonomías, Gregorio Aro que, en su calidad de oriundo de Potosí, se parcializó con su departamento, al recibir documentación de esa región, al margen del término previsto, mientras que el presidente Evo Morales, reiteró varias veces que su gobierno “no tenía competencia para resolver ese conflicto y que debían ser las dos regiones que se pongan de acuerdo”.

El gobernador Santos Tito fue convocado por las instituciones de Oruro, para que disponga el retiro de un spot publicitario que se difunde en los canales de televisión, donde aparece la ministra de Autonomías, Claudia Peña, haciendo creer que la georreferenciación resolverá el conflicto de límites.

OPINIÓN

- En la asamblea, los técnicos y entendidos en la materia explicaron que la georreferenciación “no resolverá el conflicto de límites entre los departamentos de Oruro y Potosí” y que, por el contrario, “se trata más de una tarea apresurada del gobierno, para tratar de salvar su responsabilidad frente a ese problema cada vez más complejo”