Seguidores mantienen vigilia pidiendo restitución de Bravo

Santa Cruz.- EL DIARIO.- El Concejo Municipal de Santa Cruz ingresó en su tercer día de crisis y conflictos, porque sus instalaciones están tomadas por un grupo de seguidores de la destituida presidenta del Legislativo Municipal, Desirée Bravo, medida que ha impedido la instalación de las sesiones. Los manifestantes exigen la restitución de su cargo a la presidenta del Concejo y la renuncia de los siete concejales que votaron en su contra.

Las instalaciones del Concejo están siendo custodiadas por una cuadrilla de la gendarmería municipal y la Alcaldía no ha solicitado la actuación de la Policía ni de la Fiscalía para garantizar el trabajo de los munícipes que no han podido elegir al presidente interino.

El oficial Mayor de Defensa Ciudadana, José Canudas, informó que la vigilancia se mantendrá hasta que los ediles instalen una nueva sesión para reconsiderar o ratificar la suspensión de Bravo.

Se informó que el fiscal Carlos Candia, de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, presentó un requerimiento al Concejo Municipal para que entreguen grabaciones, videos, actas de las audiencias y documentos y establecer si los siete concejales que rechazaron el informe de los estados financieros, que provocó el congelamiento temporal de las cuentas municipales, cometieron el delito de incumplimiento de deberes.

El organismo deliberante tiene un plazo de 48 horas para remitir la información que solicitó el Ministerio Público para continuar con las investigaciones contra los concejales disidentes Carlos Manuel Saavedra, Enrique Landívar, Leonardo Roca, Oscar Vargas, Sibele Ortiz, Yanine Parada y Arminda Velásquez.

Las acusaciones contra la presidenta del Concejo Desirée Bravo se originaron varios meses atrás cuando un exdirector del SEDUCA, perteneciente al MAS, posiblemente cumpliendo instrucciones gubernamentales acusó a Bravo de falsificar un certificado de estudios para obtener su diploma de bachillerato. Algunas autoridades de la UAGRM afines al MAS facilitaron documentos con los que la Fiscalía formalizó las acusaciones para suspender de sus funciones a la citada concejal.