“Vamos a gastar… mejor que los alcaldes”

Hace algunos días, Evo Morales se quejó de la mala ejecución del presupuesto en los municipios, dijo que los alcaldes no saben gastar dinero. Frente a esta situación manifestó: “que la Asamblea Legislativa Plurinacional apruebe una norma para que la plata que estaba guardada en los bancos se gaste, se invierta en los municipios. Si no invierten, esa plata va a pasar a ‘Evo Cumple’ y vamos a gastar rápidamente, mejor que los alcaldes (…)”. Ante este propósito, el director ejecutivo de la FAM Bolivia, Ariel Rojas, respondió que de acuerdo con la Constitución Política del Estado y la Ley Marco de Autonomías, los recursos que son destinados a los gobiernos municipales deben ser gastados por ellos.

Para comprender este problema repetitivo, es necesario reflexionar al menos de pasada sobre el carácter de las instituciones; primero, es innegable que la lógica del funcionamiento del Estado sigue siendo feudal; ¿qué significa esto?, que las instituciones reproducen y mantienen estructuras feudales; mientras la lógica de la pertenencia al clan sea la “virtud”, el manejo de los recursos entre el despilfarro y la ineficiencia seguirá siendo la regla.

Segundo, se agregan otros factores que son comunes a la administración central y los poderes locales. Son prácticas perversas, conocidas como “usos y costumbres”, “solidaridad”, el “control social”, que todos juntos funcionan bajo el habitus del preste feudal. Es costumbre el congelamiento de cuentas, rivalidad entre el Alcalde y los concejales, asignación de nuevos recursos cuando ya está finalizando el año, más obstáculos para proyectos nuevos, marco legal ampuloso para mini municipios, cuestionamientos permanentes de los comités de vigilancia, entrega tardía de cuentas, y entrega de obras a media construcción, etc., etc..

Si sólo fuese una cuestión de ejecución presupuestaria en los gobiernos autónomos municipales, o sólo la falta de experiencia, este problema estaría ya resuelto, bastaría contratar expertos en planes, proyectos, y gastar en obras y hacer entregas cada trimestre. Entonces la baja ejecución presupuestaria es reflejo de la institucionalidad, y muestra la invasión de la informalidad en aquella. Este problema es una buena radiografía del estado en que se encuentra la racionalidad institucional; a diario vemos una multitud de problemas: disputas, rencillas, trabas, incompetencia, jocosidad administrativa, despotismo, nepotismo, etc.…. ¿En cuál institución existe al menos un mínimo de racionalidad y eficiencia?

El funcionamiento feudal parece ser la base de lo plurinacional. Recordemos que cualquier micro poder o poder local es la expresión y reproducción del poder central. El problema no es sólo gastar, sino cómo y en qué gastar, si se gasta para ritualidades arcaicas u obras pseudos modernas, el gasto es improductivo y derroche.

Para enfrentar esta situación, dos consideraciones se imponen: primero, admitir que la institucionalidad funciona des-reguladamente, la que exige un cambio de mentalidad del gobernante y del ciudadano; segundo, retomar y aplicar investigaciones realizadas por gente que se dedica a temas de gestión de recursos municipales.

El equipo conformado por Juan Carlos Guzmán, María del Carmen Crespo, Tatiana Genuzio y César Santa Gadea en un estudio sobre el “Uso productivo del Excedente Hidrocarburífero” formula una propuesta absolutamente realista para problemas que se repiten anualmente. La investigación evalúa los proyectos ejecutados por los gobiernos sub-nacionales. Se muestra que cada año los municipios, universidades y otras entidades terminan devolviendo los recursos al Tesoro. Para evitar este ciclo infernal los autores proponen la creación de un Fondo Soberano de las Regiones con el objetivo de lograr rentabilidad para los recursos que administran (y no que pase al programa “Evo Cumple”).

He aquí algunos de los objetivos del FSR: establecer un principio de equidad y de responsabilidad con las generaciones venideras, al preservar los recursos para el futuro, garantizar el carácter inalienable de propiedad de sus aportes, invertir en el sector productivo, mejorar la eficiencia de la inversión pública garantizando un flujo constante de recursos disponibles para los aportantes al fondo.