En nuestro país, por simple observación de la realidad actual se puede afirmar que el arbitraje se ha expandido en la última década. Los hechos son claros, ya que el arbitraje se encuentra en la transición de la difusión teórica a la de su concreta puesta en marcha, por el número de arbitrajes que son substanciados en el país.
La ley 1.770 de Arbitraje y Conciliación es una ley coherente y ha extractado lo mejor de otras leyes de arbitraje, lo que la hace moderna y a la vez perfectible. El crecimiento del arbitraje se traduce en la casi frecuente incorporación de la cláusula arbitral en los contratos, lo que confirma que el arbitraje es un sistema jurisdiccional de impartición de justicia potencialmente idóneo para resolver los conflictos empresariales, con un costo reducido. Y este incremento en la demanda potencial de arbitrajes ha generado otro movimiento en la oferta, pues se prevé en los próximos años la creación de más tribunales arbitrales.
Además de las tradicionales, numerosas entidades ven con agrado la oferta de servicios de arbitraje a través de los diferentes Centros de Conciliación y Arbitraje, desde el punto de vista del costo, que es sensiblemente inferior al litigio judicial. También en el ámbito de los conflictos relacionados con consumidores la proyección de este método puede ser de significativa importancia, al hacer efectivo el derecho a la justa reparación de daños y dar acogida a las reclamaciones mediante procedimientos rápidos, eficaces y poco costosos.
Una característica común a todos los casos es que el arbitraje está paulatinamente comenzando a ser considerado como una posibilidad cierta para resolver los conflictos interpersonales con mayor celeridad, sencillez y economía, que los que hoy puede brindar el sistema estatal de administración de justicia. Por otro lado, este avance del arbitraje se manifiesta en una relación inversamente proporcional con el retroceso de la credibilidad de la justicia ordinaria y también con una disminución de la capacidad para dar respuestas satisfactorias a la sociedad.
La irrupción del arbitraje coincide con la pérdida de las esperanzas para hallar un mejoramiento de la justicia estatal en el mediano plazo. El deterioro del sistema judicial no es nuevo, pero hasta no hace mucho tiempo había cierta tolerancia basada en la creencia de que con algunas medidas correctivas el servicio podría mejorar, y no se tomaba en cuenta la implementación de medios alternativos de solución de disputas, como una opción seria. Recién cuando se hizo evidente que en el sentido en que se conducía la crisis judicial ésta sería irreversible, se empezó a considerar y tomar en cuenta otros sistemas que pudieran funcionar como alternativos, siendo el más idóneo el arbitraje.
Lo último acicateó a los abogados que buscaban una especialización en sus tareas cotidianas para acceder a términos más razonables en la resolución de conflictos y encontrar así nuevas herramientas que les permitan obtener respuestas a sus necesidades de actualización.
El autor es Abogado Corporativo, postgrado en Arbitraje y Conciliación.
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