Recientes hechos contra la iniciativa privada

Según el Gobierno a través de la ministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales, sería “totalmente irracional e inaceptable” hacer quebrar al Ingenio azucarero privado de Bermejo para sustituirlo por otro público en beneficio de los cañeros del lugar, sin embargo a los pocos días firmó un convenio con los dirigentes de dicho sector para ayudarlos a que se hagan cargo del 51% de las acciones de dicho Ingenio. Esta resolución se la toma pese a que los empresarios de dicha industria manifestaron claramente que sus acciones no están en venta.

En tales circunstancias, es obvio que la compra-venta en cuestión sólo será posible mediante la presión del Órgano Ejecutivo, lo que no significa otra cosa que la expropiación del 51% del paquete accionario a favor de intereses privados (los de los cañeros) irá en franca contradicción a la Constitución Política, la cual determina que la expropiación sólo procede por causa de NECESIDAD y UTILIDAD PÚBLICA, figura que no se da en este caso. En el fondo el Gobierno soluciona un conflicto a costa de los legítimos intereses de una empresa privada, no obstante haber firmado de puño y letra el Decreto Supremo Nº 29.874 de ofrecimiento de un ingenio azucarero a los cañeros de Bermejo. Esta medida que puso fin a la movilización constituye, en consecuencia, un flagrante abuso de poder.

Por su parte el ministro de Economía, Luis Arce Catacora, negó tajantemente entregar a los empresarios privados recursos de inversión a cuenta de las reservas internacionales o la participación de éstos en empresas mixtas con el Estado. Añadió que si quieren participar que pongan su propio dinero. Entretanto la misma cartera de gobierno informó que se destinará 1.200 millones de dólares al llamado Fondo para la Revolución Industrial Productiva, aparato por el cual se continuará financiando empresas públicas como Papelbol, Cartonbol y otras varias, pero cuya eficiencia y utilidades de beneficio público no están claras al presente. El Ministro no especificó de qué empresas se trata esta vez.

Los organismos de la empresa privada habían sugerido la transferencia de créditos blandos equivalentes al 60% de dichos recursos a fin de fortalecer la industria nacional, argumentando que la contribución privada al Producto Interno Bruto es del 70%. Contemplamos un ya largo proceso de desincentivación a la gestión privada, siguiendo inexorablemente la dudosa senda de una creciente absorción de la economía nacional por parte del Estado, el peor administrador posible. No lo decimos nosotros, las pésimas experiencias del planeta lo confirman. Una excepción relativa es, precisamente, la de aquellas empresas de coparticipación privada-estatal.

El avasallamiento y toma de la mina Sayaquira, en la región de Inquisivi a 230 kilómetros de La Paz, es otra confirmación de lo anterior. Apreciaciones de la Confederación Sindical de Trabajadores de Bolivia señalan que hasta el momento se ha sufrido 80 avasallamientos de minas en plena explotación a cargo de capitales privados. La Policía con una rara reacción logró detener a ocho instigadores del hecho, presentando dinamita en poder de aquéllos, como prueba de su culpabilidad.

El Gobierno se lava las manos de acuerdo con su postura en casos similares, aduciendo paladinamente que es al Ministerio Público a quien corresponde intervenir. Alrededor de este nuevo atentado ha traslucido que la Ley de Minería en actual elaboración, nacionalizará todos los yacimientos mineralógicos en explotación privada, poniendo punto final al actual régimen de concesiones. Consiguientemente, sus personeros afirman que entonces el Gobierno podrá intervenir directamente porque se estará atentando contra el Estado. Mientras esto ocurra los privados continuarán a merced de avasalladores. De todos modos, a manos de unos o de otros, perderán sus concesiones.