Anuncios sobre una “ley de farmacias”

Desde hace muchos años, se anuncia que el Legislativo tendría entre sus proyectos una “ley de farmacias” que regule no sólo su funcionamiento sino que establezca normas para la fabricación, importación, venta y consumo de específicos químico-farmacéuticos. Se sostuvo también que la población sufre la anarquía reinante en farmacias y que la diversidad de medicamentos – fabricados con fines comerciales exclusivamente – es tal que nadie llega a comprender cómo el Ministerio de Salud, de Economía o quien corresponda, puede autorizar su comercialización.

La fabricación, expendio y consumo de medicamentos tiene regulaciones especiales en todo el mundo, porque se entiende que estos productos son destinados a prevenir, curar y hasta preservar enfermedades que causan no sólo largas postraciones, hospitalizaciones, operaciones quirúrgicas y hasta muerte de pacientes. Las posologías que presentan los diversos productos no siempre coinciden con lo determinado para su uso sino que deben tener el cuidado de evitar futuros yerros no sólo a los pacientes sino al mismo cuerpo médico que receta específicos con miras a curar, prevenir o evitar que ciertos males avancen o sean causa de decesos.

Tanto el Ministerio de Salud como otras dependencias que tienen que ver con la existencia del ser humano, cuentan con denuncias sobre el uso de medicamentos cuya expiración caducó con mucha anticipación; también existen casos que autorizan la importación de medicamentos que se fabrican en el país y que “por estar etiquetados en el exterior” resultan de preferencia de médicos, farmacéuticos y hasta pacientes. No faltan los casos cuyos precios son prohibitivos por lo excesivos sino que cuentan con autorización tan sólo por “tipo de etiquetas, posología y presentación”; factores que, se dice, “impresionan psicológicamente a los pacientes”.

La competencia entre laboratorios fabricantes de un mismo producto es continua pero no cuentan con las inspecciones periódicas a las que deberían ser sometidos y, además, atendidos por personal que haya estudiado y realizado cursos de especialización no sólo en la manipulación del producto sino que tenga conocimientos mínimos sobre la calidad y utilidad del producto puesto que se han presentado casos en que “la farmacia corrigió los recetarios de médicos” que, poco instruidos o informados han “equivocado” la finalidad de lo que prescriben.

Hay que convenir en que el contenido de los proyectos de ley que estudiarían los representantes nacionales, no está realizado por personal profesional y especializado; que todo habría sido redactado sólo “conforme a experiencias de otros países”.

Aspecto importante y que tiene vigencia permanente es el del contrabando y la venta de productos en supermercados, tiendas de abasto, comerciantes callejeros y hasta vendedores ambulantes que manipulan continuamente el producto aunque esté forrado con las seguridades necesarias. El comercio ilegal de medicinas no sólo causa daños al fisco sino que atenta contra la salud y vida de la población; ponerle coto debería ser labor primigenia de las autoridades. Los proyectos existentes tendrán que ser muy bien investigados, estudiados y compatibilizados con normas muy rígidas para su fabricación, venta y consumo; de otro modo, no habrá regulación que sirva porque, como hasta ahora, todo estará librado al criterio de comerciantes y profesionales inescrupulosos.