Julio Munguía López
Todos pensábamos que con la nueva elección de magistrados la administración de justicia iba a cambiar, pero vemos que sigue siendo la misma y hasta con ribetes de escándalo mayor. No menos desafortunadas fueron las revelaciones que se mandó el magistrado Gualberto Cusi, para quien la ciencia del derecho nada vale y ha retrocedido el tiempo en miles de años, donde se sentenciaba a las personas por visiones proféticas o artilugios de las pitonisas de la tribu.
Se cuestionó esas declaraciones porque sencillamente mostraban ignorancia y una ausencia de idoneidad para el cargo. El resto de los magistrados del Tribunal Constitucional, con excepción de uno que los cuestionó, el ex fiscal Milton Mendoza, le dieron su apoyo al magistrado Cusi, aunque después de la crítica dijeron que no comprometía la opinión del pleno del Tribunal Constitucional. Sin embargo las innumerables denuncias sucesivas y simultáneamente expuestas, muestran que la improvisación es la regla común en los magistrados que juraron cambiar la pésima administración de justicia y hasta ahora nada pasa.
Hace poco se supo que varios expedientes fueron devueltos a los interesados por el solo hecho de que ahora el tribunal es “plurinacional” y en los escritos se debía consignar ese denominativo, pese a haber sido presentados mucho antes de su vigencia. Como si la demanda de fondo no sirviera, el Tribunal Constitucional salió por el camino más fácil y pueril, escondiendo la cabeza y cruzándose de brazos, dejando indefensos a cientos de usuarios de justicia que se quedaron con los crespos hechos, sin demandas y sin justicia. Ahora nos preguntamos, ¿esa será la nueva forma de administrar justicia o el cambio que nos ofertaron en la campaña electoral?
Finalmente otro hecho que enlodó al Tribunal Constitucional y al novísimo Tribunal Agroambiental fue la noticia de que varios de los magistrados no declararon sus bienes y rentas antes de su posesión, cuando ese requisito representa no solamente el cumplimiento de la ley, sino una señal de idoneidad y transparencia en el ejercicio del cargo. Ese solo hecho en otros países habría representado la destitución inmediata del cargo, porque la ley no es sólo para venerarla, sino principalmente para cumplirla, sin embargo en nuestro país pasa todo y al mismo tiempo no pasa nada.
Frente a este panorama de errores y traspiés, ahondado por la de siempre retardación de justicia, porque el Tribunal Constitucional hasta la fecha no ha emitido ni una sola sentencia, tengo un fundado pesimismo porque esto NO funciona. El actual gobierno de Evo Morales que quiere exportar justicia, junto a sus aliados políticos Juan del Granado y Samuel Doria Medina, que neutralizaron el voto de la clase media con su millonaria campaña por el voto NULO y NO, con la elección y designación de las nuevas autoridades judiciales, nos han vendido gato por liebre y eso demuestra porque pese a los bonitos discursos de cambio seguiremos con una justicia de quinta y unos magistrados de incluso menor categoría, salvo contadas excepciones.
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