MSM inicia demanda contra fiscales que llevan caso TIPNIS

El líder del Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan del Granado, dio a conocer ayer que se inició una demanda penal contra los fiscales José Ponce y Patricia Santos, por supuesto incumplimiento de deberes en la investigación de violación a los derechos humanos en el Beni, contra los marchista del TIPNIS del pasado 25 de septiembre.

Del Granado señaló que, después de seis meses de los actos violentos sucedidos el 25 de septiembre de 2011 en el Beni, en contra de mujeres y hombre, niños y niñas; hasta el momento no existe justicia, menos avances en el caso.

Considerando ese panorama y cansados de la “poca seriedad” al caso por parte de los fiscales encargados de investigar los hechos, señaló que se efectuó una demanda que solicita se sancione a los mismos, por incumplimiento de su deberes, lo que significaría que los representes de la justicia, deben pagar la infracción con cuatro años de cárcel.

“Los estamos demandando por incumplimiento de deberes, sancionado por el artículo 154 del Código Penal, con cuatro años de reclusión y por lo mismo denunciándolos por retardación de justicia”, dijo Del Granado.

Señaló que se espera que la fiscal, Betty Yañíquez, haga cumplir la demanda que se establecido en contra de los fiscales, en el marco de su lucha por el respeto de las leyes.

“Estamos pidiendo que de inmediato aparte a los fiscales de la investigación por que la están obstruyendo y de manera inmediata designe a nuevos fiscales para que lleven a delante un curso investigativo, inmediato, pronto, imparcial y objetivo”, señaló.

Del Granado añadió que este no seria el único caso de los presentados por el MSM, que hasta el momento no avanzan.

“Desde el 27 de septiembre pasado solamente se han cumplido una de las actuaciones procesales de parte de los fiscales, que tiene que ver con una declaración en caso de las represiones del TIPNIS y tres declaraciones en el caso de testigos sobre un supuesto secuestro que hubiera sufrido el canciller, lo que demuestra la falta de imparcialidad”, dijo.

De la misma manera sucede con el tema de la demanda de inconstitucionalidad establecida en contra de la Ley de Consulta Previa para el TIPNIS, la demanda en contra del presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Luis Sánchez , por realizar pagos anticipados a al elaboración de un contrato, a los representantes de OAS.

Las autoridades del Ejecutivo aún no se han pronunciado sobre estas sindicaciones, señalando únicamente que las acciones legales emprendidas por Del Granado responden solamente a intereses políticos que buscan desprestigiar al denominado proceso de cambio y el gobierno de Evo Morales.