DDHH piden investigar represión a indígenas

En base al informe anual del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) que pide investigar la represión del 25 de septiembre pasado a los marchistas del TIPNIS, activistas de derechos humanos desarrollaron una vigilia en la Sede de Gobierno pidiendo el esclarecimiento de la represión a la marcha indígena.

Los activistas se dirigieron a la plaza Mayor de San Francisco donde instalaron una vigilia de protesta exigiendo justicia para los hombres, mujeres y niños que fueron reprimidos con violencia en la localidad de Chaparina, Yucumo del departamento de Beni el pasado 25 de septiembre. La activista de DDHH Olga Flores junto a otros representantes, lamentaron que las autoridades judiciales actúen de forma acelerada en el caso del supuesto secuestro y tentativa de homicidio contra el canciller David Choquehuanca del 24 de septiembre, y por otro lado, no exista avance procesal en el caso de la represión policial, evidenciada mediante imágenes de los medios de prensa presentes aquella jornada de domingo.

Los dos casos fueron derivados ayer ante el Juzgado Noveno de Instrucción tras la declinación del Juzgado Tercero que se declaró sin competencia. Ambos hechos ahora deberán ser analizados en una misma instancia judicial del Ministerio Público.

Después de la intervención policial a la marcha de indígenas de Tierras Bajas, se anunció la conformación de una “comisión de alto nivel” compuesta por veedores de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Suramericana de Naciones (Unasur) bajo la coordinación del Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, sin embargo hasta la fecha no se instaló ninguna instancia para llevar las indagaciones del caso.

“Nosotros vemos el manejo parcializado de la justicia, porque incluso el vicepresidente (Alvaro García) dijo en su momento que sabía quién dio la orden para la represión, pero no dijo quién y eso también se debería investigar”, declaró el presidente de la Cidob, Adolfo Chávez.

Ex autoridades como Sacha Llorenti, quien ocupó el cargo del Ministerio de Gobierno, son las principales sindicadas por los propios indígenas por supuestamente haber instruido el operativo. Llorenti renunció al cargo a los pocos días de la represión y actualmente sigue siendo invitado a eventos sobre defensa de Derechos Humanos.