La sui generis tercera nacionalización de los hidrocarburos, considerada por los propugnadores como “medida inteligente y moderna”, se debió a que no se expropió a los inversionistas extranjeros de la misma manera como lo habían hecho gobiernos del pasado con otras nacionalizaciones.
La sugestiva nacionalización, desde la óptica de analistas y expertos petroleros, significa nada más que la adecuación de los contratos petroleros a las leyes en vigencia, el incremento tributario y la compra de millones de acciones a las petroleras transnacionales, con la creencia de haber encontrado la mejor opción para el desarrollo de la economía nacional, que en la práctica resultó un fiasco, porque las buenas intenciones para “vivir bien” quedaron en el olvido y la esperanza del pueblo boliviano frustrada por la inoperancia gubernamental. Veamos algunas razones, entre otras, de lo afirmado:
YPFB - Corporación pese a la vigencia del Decreto Supremo 28.701 y de la Ley 3.058 ha perdido su prelación de mando sobre las empresas petroleras transnacionales por no tener capacidad para disponer que dichas empresas exploren prioritariamente las zonas con mayor probabilidad de tener reservorios de petróleo para industrializarlo y obtener carburantes con miras a satisfacer los requerimientos del mercado nacional y evitar la dependencia energética, las importaciones y subvenciones millonarias que atosigan al TGN.
Además el 80% de la producción de hidrocarburos, el manejo técnico-operativo y las principales decisiones de inversión que definen la dinámica productiva del sector petrolero, continúan en manos de las empresas extranjeras y el resto, es decir el 20%, a cargo del Estado a través de las petroleras Andina y Chaco. Vale decir que YPFB - Corporación se halla subordinada al interés económico de las empresas petroleras foráneas.
COSTO DE PRODUCCIÓN
Por los datos oficiales procesados por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) se establece que las empresas petroleras que operan en Bolivia no trabajan a pérdida, ya que sus costos de producción de hidrocarburos, incluidos los costos de producción de los campos considerados “ineficientes”, están muy por debajo del precio congelado por el Estado de 27.11 dólares por barril de petróleo.
UTILIDAD DE LAS EMPRESAS
Por los datos procesados por CEDLA (Plataforma Energética) se establece que la utilidad (promedio) por barril de petróleo es de 6,13 dólares. Al multiplicar esta cifra por la producción diaria, por ejemplo de 42.000 barriles de petróleo, se tiene una utilidad anual de 93.972.900 dólares.
Ahora bien, de haberse admitido la vigencia del impopular Decreto Supremo No. 748, denominado “gasolinazo”, con el nuevo precio de 59 dólares por barril de petróleo previsto por el Gobierno plurinacional, con una producción diaria por ejemplo de 42.000 barriles (mínimo) la utilidad anual habría sido gigantesca, de 582.846.600 dólares a favor de las petroleras transnacionales.
Con el gas natural ocurre lo mismo, la utilidad es extraordinariamente superior a la ganancia percibida por el petróleo.
En cualquiera de los casos grandes ganadoras son las empresas petroleras transnacionales y el gran perdedor es el depauperado pueblo boliviano.
VISION GUBERNAMENTAL
La visión del presidente Evo Morales es de que las empresas petroleras ganan más de lo que actualmente reciben. Al respecto dijo en enero del pasado año: “La única forma de que las empresas inviertan en la búsqueda de petróleo es nivelando los precios de los carburantes al mercado internacional”, etc.
Al concluir, la política energética nacional requiere reorientación y reflexión patriótica para encarar la industrialización de los hidrocarburos como la mejor opción para la liberación económica del país.
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