Políticos aseguran que los indígenas serán judicializados antes de marchar

Suman las voces que advierten un inminente proceso de judicialización por parte de las autoridades gubernamentales contra los dirigentes de los indígenas de Tierras Bajas para tratar de “descabezar” la movilización anunciada para abril en rechazo a la construcción del segundo tramo de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos.

La diputada del Movimiento Sin Miedo (MSM) Marcela Revollo, afirmó que existe una estrategia política que se activó para desacreditar a los dirigentes de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) y la subcentral TIPNIS como aquellas vertidas por el Ejecutivo sobre una supuesta malversación de fondos fiscales en el departamento de Beni o la figura de tentativa de homicidio interpuesta contra mujeres originarias que obligaron a marchar al canciller David Choquehuanca el 24 de septiembre, un día antes de la represión a la octava marcha.

“Hay una intención política detrás de estas denuncias en contra de los dirigentes, esta intención se quiere aplicar en todos los casos a través de las autoridades del Ministerio Público. Todo lo que ha significado el proceso previo a la intervención de la octava marcha, como ese proceso de descalificación y amenazas en contra de los dirigentes se está volviendo a producir”, manifestó.

El exvicepresidente de la República, Víctor Hugo Cárdenas, aseguró que el gobierno convirtió a los indígenas en sus enemigos y por ello prepara una estrategia de desprestigio y represión antes que se inicie la nueva movilización, segunda contra el régimen del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Ahora se está preparando una política de represión al TIPNIS para evitar la novena marcha y ese es un cambio negativo, porque este gobierno llegó en hombros de los indígenas y ahora los ataca”, citó.

Por su parte, el presidente de la Cidob, Adolfo Chávez, aseguró que las denuncias contra dirigentes de Tierras Bajas como Adolfo Moye, extitular de la subcentral TIPNIS, son ataques del Gobierno, pero que el sindicado debe presentar los descargos y es su responsabilidad demostrar que no existe ningún nexo con la gobernación de Beni ni la autoridad suspendida Ernesto Suárez.

CASOS

Mujeres indígenas que marcharon por la defensa del TIPNIS fueron citadas en el caso que lleva el Ministerio Público sobre el supuesto secuestro al canciller David Choquehuanca, figura legal modificada luego por tentativa de homicidio, tras los hechos del 24 de septiembre, cuando la autoridad fue, según sus propias palabras, obligado a caminar junto a ellas para verificar el cerco policial que tenían en la localidad de Yucumo.

Otro caso que implicaría a dirigentes de la subcentral TIPNIS, entidad que recibió el derecho propietario de la reserva natural boliviana, fue denunciado por el ministro de la Presidencia, Ramón Quintana, aduciendo que la Gobernación de Beni entregó recursos para la ejecución de proyectos hasta un monto de Bs 400 mil y que no contarían con descargos en los registros de la administración departamental.

El reciente impase con la Embajada de EEUU, al encontrar armamento en una vagoneta que fue detenida por las autoridades, según criterios de diputados como Betty Tejada (MAS) obedecería a un “complot” para desestabilizar al Gobierno mediante la marcha indígena.