Conflictos sociales

De acuerdo con la estadística de la Fundación Milenio, Bolivia ha confrontado l.406 conflictos sociales en 20ll. Cifra muy alta para un periodo democrático, en el que -se supone- la Constitución y las leyes en vigencia son respetadas por gobernantes y gobernados y, claro, ese cuerpo legal prevé las obligaciones y los derechos de todos; por lo tanto habría muy poco que reclamar. ¿A qué se debe tan alta cifra? ¿Hay actitudes en la ciudadanía que la impulsen a protestar sin motivo? ¿Hay hechos atribuibles al Gobierno que produzcan el descontento? ¿Somos ingobernables, como se nos ha dicho?

Si gobernar es velar por el bienestar del pueblo buscando el bien común, en el que la mayoría de la población tenga lo suficiente para satisfacer sus necesidades, y lo haga dentro de un marco de respeto mutuo, tolerando lo razonablemente diferente, respetando las leyes, entonces todos, gobernantes y gobernados, debemos examinar nuestro comportamiento.

De un tiempo a esta parte los bolivianos nos estamos acostumbrando a exigir supuestos derechos, violando las leyes; bloqueando caminos y calles, tomando por la fuerza sitios estratégicos para la economía del Estado, como refinerías, pozos petrolíferos, etc.; y lo hacemos porque una asamblea descontenta con el trabajo del Alcalde de un pueblo así lo ha decidido, y lo hace, sin tomar en cuenta el daño a otras personas que no pueden llegar a destino, ni si la mercancía que llevan los camiones se ha de podrir y ser desechada, con el consiguiente daño económico a una empresa o individuo que quiere comerciar lícitamente en beneficio del país

¿Por qué sucede esto? Por el incumplimiento de las leyes por parte de las autoridades de los órganos Ejecutivo, Judicial o Legislativo. Hay bloqueos porque la inseguridad ciudadana se ha incrementado debido a que algunos jueces han liberado rápida y fácilmente a los delincuentes aprehendidos por la policía; y la población, que se da cuenta de que algo no funciona, toma la justicia en sus manos, creando un clima anárquico, en el cual todos perdemos: el Estado, autoridad; las personas corrientes, seguridad, pues estamos sujetos al capricho de dirigentes o grupos que hacen las cosas a su antojo, poniendo en riesgo a los demás.

Las autoridades tienen la culpa porque, no obstante haber jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes en vigencia al asumir sus cargos, no lo hacen, o lo hacen mal, en el momento de administrar el Estado. O miran al cuerpo jurídico como un instrumento manipulable para imponer acciones irracionales o de conveniencia de grupos, supuestamente en el marco legal con la complicidad de jueces y fiscales controlados por ellas. De esta manera creen hacernos ver como legal lo que no lo es, sin tomar en cuenta la intuición del pueblo que sabe reconocer lo malo e injusto allí donde está. Con esas posturas “legalistas” las autoridades pierden autoridad moral, base de cualquier gobierno.

¿Qué hacer entonces? Reconocer el error y enmendar actitudes. Esto se dice rápida y fácilmente, pero significa todo un proceso de reflexión colectiva y, sobre todo, buena fe y buena voluntad para cambiar. De lo contrario nuestra sociedad está marchando hacia el abismo.

LAS AUTORIDADES TIENEN LA CULPA.