ANP pide reponer proyecto de ley de Acceso a Información Pública

La Asociación Nacional de la Prensa (ANP), institución que agrupa a veinte periódicos, revistas y semanarios de ocho capitales de departamento, reclama la reposición del proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información que permanece archivado en el Órgano Legislativo desde hace 18 meses.

El pedido fue expresado por la ANP ante los miembros del Subgrupo de Análisis y Secretaría Técnica del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana Contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos (OEA) que visitaron La Paz, en esta semana.

La ANP considera urgente actualizar el debate y análisis del documento, tras verificar durante una investigación realizada el pasado año, que información de interés público es retenida bajo una protección que alimenta la cultura del secreto.

La contraparte boliviana representada por el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, invitó a la ANP, a la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz y la organización de mujeres Juana Azurduy de Padilla a un encuentro con representantes de la OEA y de los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos que integran el Subgrupo de Análisis.

Desde el 22 de abril de 2011, la ANP está reconocida como miembro de la Sociedad Civil de la OEA por resolución de su Consejo Permanente.

“Nos llama la atención el poco interés de la Asamblea Legislativa plurinacional para contar con una ley que permita a la sociedad tener un mayor conocimiento sobre la administración del Estado”, señala la ANP.

La organización periodística lideró en Bolivia, el pasado año, una investigación sobre el Acceso a la Información Pública (AIP) en alianza con el Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública (Cainfo) de Uruguay, y las conclusiones del trabajo fueron elocuentes y confirmaron que una cultura del secreto se impone entre los servidores públicos.

La investigación determinó que existe una falta de convicción en los funcionarios públicos sobre la obligación de rendir cuentas a quien se lo pida, se resisten a admitir o desconocen que todos los recursos del Estado son del pueblo y no del gobierno que está coyunturalmente en el poder.

Los funcionarios asumen, al parecer, una conducta de dueños de la información y están convencidos de que ninguna persona que consideran extraña tiene derecho a pedir información, señala las conclusiones del trabajo realizado por la ANP-Cainfo que está resumido en el libro “Venciendo la Cultura del Secreto” que refleja la situación del acceso a la información en Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, México, Perú y Uruguay.

La rotación del personal encargado de proporcionar informes al público y su escasa capacitación, dificulta la vigencia de los decretos 28168 y 0214 que garantizan el acceso a la información y aplican una política de transparencia a los actos de los funcionarios públicos, en todas las jerarquías de los poderes del Estado, expresó la ANP.

En opinión de los medios escritos que agrupa la ANP, la nueva legislación debe estar acompañada por un programa de educación ciudadana que debe comenzar con una asignatura en el programa de formación escolar orientada a formar ciudadanos convencidos de que una democracia se consolidará cuando las acciones de sus funcionarios públicos sean transparentes, y se construya una cultura que castigue la corrupción.