El transporte público se ha convertido en quizá la única fuente de trabajo que existe en el país y, al mismo tiempo, la más lucrativa. La extraordinaria demanda de este servicio ha hecho que los más diversos sectores de la población, en particular las personas desocupadas, se dediquen a manejar algún vehículo (por mínima experiencia que tengan), a fin de obtener recursos para salir de la pobreza.
Los transportistas, en especial aquellos que son propietarios de sus vehículos, obtienen ganancias notables, aun en relación con los salarios y sueldos que obtienen otros sectores de trabajadores. Pero pese a que consiguen esos altos beneficios han estado procediendo de manera individualista a subir las tarifas, con diversos argumentos, entre ellos el alza del costo de vida, altos precios de los repuestos, amenaza de alza de la gasolina, etc.
Al mismo tiempo que los transportistas hicieron esas amenazas (en muchos casos las pusieron en práctica), afirmaron que iban a mejorar el servicio, vale decir cambiar los viejos asientos por nuevos, reparar motores, cuidar frenos, etc., de tal forma que el alza de los pasajes compensase en alguna forma los sacrificios de los usuarios. Asimismo aseguraron que no elevarían nuevamente las tarifas y que continuarían cumpliendo sus compromisos.
Sin embargo esas solemnes afirmaciones han caído en saco roto y, pese a que en casi todas las líneas los choferes del transporte público subieron los pasajes, en ningún caso hubo la mejora de vehículos. Por el contrario, éstos se encuentran en peor estado, al extremo que se siguen produciendo accidentes de tránsito por el mal estado de los motores y causando mayores incomodidades al público usuario, debido al pésimo estado de los asientos, falta de limpieza, mala atención de los conductores y muchos otros atropellos y actos de descortesía.
Un agravante más se ha sumado a ese estado de cosas. En efecto, además que durante los últimos meses los choferes del transporte público subieron sus precios y no cumplieron con la mejora de sus servicios ni la atención a sus vehículos, ahora vuelven a amenazar con subir tarifas, aunque sus recorridos han sido recortados. En vez de que una línea haga un solo recorrido, ahora realiza dos o tres, cobrando varias tarifas al mismo tiempo, vale decir triplicando sus ganancias.
En realidad pareciera que el sector del transporte público ya no constituye un “sindicato” sino un sistema corporativo que ha adquirido extraordinario poder, no sólo económico sino también político y para ello utiliza procedimientos fascistas, como aplicar tarifas de monopolio, proceder a bloqueos contundentes, imponer sus puntos de vista a como dé lugar y sacrificar a la población que, por su parte, atraviesa por una crítica situación económica.
A esa suma de problemas (de la cual son víctimas más de un millón de usuarios al día, sólo de la ciudad de La Paz) se agrega que el sector de los transportistas actúa como un súper Estado, sin que alguna autoridad pueda hacerle cumplir su labor con responsabilidad. Las autoridades de Tránsito, los ministerios respectivos, los legisladores e inclusive los policías de las calles brillan por su ausencia y aceptan sumisamente lo que quieren los conductores del transporte público y no dan opción a los usuarios que deben someterse humildemente a sus dictados.
Será, pues, necesario que autoridades de alto nivel adopten medidas de gran alcance para hacer desaparecer, en esa forma, los efectos que ahora se presentan con tan extraordinaria gravedad.
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