Posiblemente, el ejemplo no sea el apropiado, pero sería el preciso: “Siempre es bueno beber agua purificada y nunca agua contaminada”. Esto es lo que se buscaría luego de la actitud de un magistrado del Tribunal Constitucional que, absurdamente, declaró que “consulta a la hoja de coca cuando debe definir causas penales que son de mayor dificultad… en momentos complejos consulto la coca… que, en este caso, puede ser un amparo constitucional”.
Semejante expresión no cabe, porque va contra toda norma de derecho, de responsabilidad y de servicio al bien común como debe ser la administración de justicia, puesto que como virtud puede ser considerada como el soplido de Dios para dar a todos el lugar y la razón que le corresponda; es una virtud que, ligada a la libertad, la solidaridad y la democracia, se hizo parte indivisible de la vida; una justicia bien entendida y mejor practicada que conlleva en sus resultados la práctica de las cuatro virtudes cardinales -prudencia, justicia, fortaleza y templanza-.
La Justicia, en su aplicación y vigencia permanentes, no siempre es respetada, sea por conveniencias político-partidistas, por intereses económicos, hegemónicos y todos aquellos que tienen que ver con la soberbia -el principio de todos los pecados en que incurrió el hombre- y que, además, se enraíza muy profundamente y extiende sus ramas por la vida del ser humano que, en sus conveniencias alejadas de valores, la entiende y practica indebidamente. La Justicia, como parte inseparable de la libertad, la paz, el orden y la convivencia humana, ha sufrido adulteraciones conforme a la incapacidad del hombre para no entenderla como fundamento del sentir y practicar virtudes en servicio de sus semejantes.
Esta vez, la justicia de nuestro país ha sido víctima de lo que jamás debería ocurrir: ser tomada en broma, al simple azar y resulta una muestra de ignorancia supina sobre lo que es el derecho, la Constitución y las leyes que deben regir la vida de toda comunidad, partiendo, como ejemplo y forma de vida del respeto y consideración, de una conciencia limpia en servicio del bien común conformado por los pueblos que son práctica permanente de virtudes hechas valores.
El comportamiento del miembro del Tribunal Constitucional es una afrenta a la Justicia, a la dignidad y el respeto al país porque lo coloca en la condena internacional, ya que no está en la mentalidad de nadie aceptar dislate y absurdo semejante, porque es sabido que la coca, conjuntamente la manzanilla, el perejil y muchas yerbas, posee cualidades que si bien pueden beneficiar al ser humano, transformada en droga, como es el caso de las hojas de coca, se convierte en enemigo mortal de la humanidad y nadie, en sano juicio, podrá aceptar como remedio o poción milagrosa.
La posición del magistrado del Tribunal Constitucional resulta, en los hechos y consecuencias, una forma más del actuar de la llamada “justicia comunitaria” que sin cumplir ninguna norma legal y desconociendo completamente los derechos humanos, el sentido y profundidad de la Constitución, los códigos y regulaciones, hace suya la aplicación de esta justicia que está ligada a los instintos, alejada de todo procedimiento legal, para “imponer una justicia atrabiliaria por emanar de una comunidad”.
Las entidades ligadas al ejercicio del Derecho -no a la práctica del derecho de la fuerza, a cuyas filas pertenecen los que alteran el sentido de la ley y pretenden aplicar la justicia mediante el azar- han expresado: “… en ninguna parte del mundo, en ningún tribunal constitucional la resolución de las causas está sometida a ninguna forma que tenga que ver con el azar, ni la lectura de cartas, ni la bola de cristal, ninguna pitonisa, ni la hoja de coca por muy ancestral que sea”.
Quienes ejercen la administración de Justicia, como el caso que nos ocupa y que es vergüenza para el país, dan justa razón a la creencia de que en Bolivia no hay justicia o, si la hay, es mala porque sólo favorece a quienes no tienen ningún derecho a gozar de sus beneficios. A propósito, Don Francisco de Quevedo dijo: “Donde no hay Justicia es peligroso tener razón, ya que los imbéciles son mayoría”. Finalmente, corresponde transcribir lo expresado por el Papa Pío XII en la Navidad de 1944: “Del ordenamiento jurídico querido por Dios deriva el inalienable derecho del hombre a la seguridad jurídica y, con ello, a una esfera concreta de derecho, protegida contra todo ataque arbitrario”.
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