De modo sorpresivo el 23 de marzo pasado a través de ANF se supo la adjudicación del complejo azucarero de San Buenaventura a favor de una asociación accidental denominada CAMCE Unión Engineering de origen chino. Esta empresa había sido descalificada en el proceso de licitación que fue declarado desierto por irregularidades a fines de enero de 2011, junto a otras dos que concursaron; empero, el gerente general de la Empresa Azucarera San Buenaventura, Ramiro Lizondo Díaz, el 1 de febrero de 2012 muy diligentemente adjudicó por invitación directa a la misma CAMCE-Unión Engineering la construcción, montaje y puesta en marcha de la Planta Industrial. El costo de este emprendimiento alcanzará el monto de 1.669 millones de bolivianos bajo la modalidad “llave en mano” y se realizará hasta septiembre de 2014.
La firma del contrato tuvo lugar el 5 de marzo pasado en la localidad de San Buenaventura en presencia del presidente Evo Morales, quien advirtió en la ocasión que esperaba que no se trate de “un cuento chino”, expresión reveladora de dudas que debían ser aclaradas a tiempo y es que se trata de una novedad rodeada de misterio. Que se sepa ningún medio de comunicación se enteró del tema hasta después de la firma del contrato, si bien se ve que la temática relativa al departamento de La Paz no cuenta con la atención ni el seguimiento de los medios en general.
Por otra parte, La Paz no es tema de preocupación de su brigada parlamentaria y de sus asambleístas departamentales, quienes como en tantos otros aspectos brillan por su silencio, factor al que se debe la desatención que arrastra por décadas la región, agudizada en estos últimos años. El misterio al que nos referimos se extrema más por el hecho de que la Empresa Azucarera de San Buenaventura fue creada en calidad de Empresa Estatal y no de carácter departamental como correspondía, ceñida a la absorción centralista del Gobierno actual, quedando por consiguiente reducida a la nada la autonomía departamental, según hicimos notar editorialmente de modo reiterado.
El diputado afroboliviano Jorge Medina es el único que superando la indiferencia manifestó que exigirá un informe pormenorizado sobre la licitación seguida de invitación directa a una de las empresas rechazadas por una serie de omisiones a los términos de referencia, petición que esperamos pueda prosperar para conocimiento, aprobación o reprobación de la opinión pública.
El mutismo que ha rodeado y aún rodea al caso y su evidente precipitación, sugieren que estaríamos ante un nuevo proyecto improvisado, lo cual obviamente no dice relación con su antigüedad de 50 años, y es que se desconoce si existen estudios actualizados del tema como prerrequisito necesario. Así, por ejemplo, cuál es el potencial cañero para dotar la capacidad industrial requerida. En los años 70-80 Cordepaz adquirió miles de hectáreas para la siembra de caña y se ignora qué suerte han corrido las mismas y, más aun, si la nueva Empresa las aprovechará o tendrá que comprarlas de nuevo. ¿La comunidad tendrá capacidad de aportar la materia prima debida? Cómo se asegura el transporte del producto al mercado si a partir de Santa Bárbara el largo camino es casi intransitable, sin que exista seguridad alguna de la ofrecida pavimentación y ensanche del mismo.
En fin, está pendiente una serie de interrogantes sobre la viabilidad del proyecto, al paso que los antecedentes conocidos de adjudicación no parecen los de mejor auspicio. Ojala La Paz no sufra una nueva frustración en uno de sus anhelos tan largamente esperados.
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