Mejor saberlo ahora

Mientras el presidente Morales anunciaba en Cochabamba que el MAS se quedará en el gobierno “para siempre” y sus seguidores hablaban de reelegirlo en 2014, no muy lejos de Bolivia ocurrían otros hechos que habría valido la pena examinar y así moderar la euforia por lanzar al mandatario a otra carrera presidencial, legalmente todavía incierta.

El mismo día, El Nacional de Caracas informaba que la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado de Estados Unidos había resuelto condenar las irregularidades y ruptura de normas legales en Nicaragua en los comicios para reelegir a Daniel Ortega el 6 de noviembre. Al deplorar “la interrupción del orden constitucional en Nicaragua que condujo a la reelección fraudulenta” del mandatario, pedía que la OEA informase sobre “irregularidades constitucionales” en aquel país. La resolución instaba a las secretarías de Estado y del Tesoro a tomar medidas inmediatas que estimulen el restablecimiento del orden constitucional (léase presiones políticas y económicas).

La resolución, que debía ser aprobada por la reunión plena del Senado, buscaba también fortalecer la capacidad de la OEA para “proteger a las instituciones democráticas y responder a la erosión de la democracia”. Esa respuesta, dice la versión, podría llevar a invocar artículos punitivos incluidos en la carta Democrática Interamericana relativos a las “interrupciones inconstitucionales del orden democrático”. En caso extremo, los mecanismos de la carta prevén la suspensión de la OEA del estado infractor, con la votación de dos tercios de los miembros de la organización.

Perdón por ir tan lejos, pero sería miope ignorar que esa resolución puede, eventualmente, también apuntar a Bolivia, con el partido de gobierno ya embarcado en una prematura carrera electoral.

El Art. 168 de la CPE establece que el mandato presidencial es de cinco años y que el mandatario y su vicepresidente pueden ser reelectos “por una sola vez de manera continua”. En las disposiciones transitorias se establece que los mandatos anteriores a la vigencia de la CPE actual serán tomados en cuenta para computar los nuevos periodos de funciones. Este es un punto que no está terminantemente claro. El gobierno alega que el primer mandato del presidente fue “interrumpido” por el referéndum revocatorio. En cambio, quienes ven la norma de otra manera replican que, bajo la actual CPE, no existe otro presidente que hubiera tenido un “mandato anterior” y que la disposición se refería específicamente al presidente Morales y por eso se la aprobó como norma transitoria, sólo que una CPE no suele nombrar nombrar personas.

Hace pocos días, el vicepresidente, al decir que consideraba cumplida su labor “bolchevique, jacobina, de la línea dura espartana” y que su tarea acabaría en 2014, afirmó que la CPE otorgaba al presidente el derecho a postularse una vez más.

Mirar nuestra propia historia puede ser instructivo. El presidente Víctor Paz Estenssoro forzó cambios constitucionales para concurrir nuevamente a la presidencia en 1964, sólo para ser depuesto dos meses después por un golpe militar. Años adelante, reconocería que buscar la reelección (o re-re) había sido un error que le costó su gobierno y el fin de ese ciclo del MNR.

Un aparte. Con frecuencia, el país no ve el bosque por mirar el árbol. La inundación de informaciones sobre planes, anuncios industriales, mercados y acuerdos de YPFB contribuyen a nublar la realidad hidrocarburífera boliviana: nuestras reservas han disminuido drásticamente; la producción de gas debería ser muy superior al nivel actual y la de petróleo llega a sólo 4.000 y tantos barriles por día, el 10% de hace cuarenta años. Las subvenciones al diesel y gasolina le costarán al erario público este año unos 700 millones de dólares: 70.000 escuelas amobladas y hasta equipadas ($10.000 cada una, grosso modo). O, si se quiere, 700.000 computadoras. Esto lleva a un amigo con largo tránsito en la industria petrolera a decir que país sin energía es país que muere. Me resisto a creerle.

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