Ola extractiva toca a Santa Cruz y Oruro

Un reciente artículo publicado por Marco Gandarillas Gonzales, director ejecutivo del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), en la revista América Latina en Movimiento Nº 473, revela que Bolivia vive una “situación sin precedentes en su historia”. La política de ampliar la superficie hidrocarburífera prevé nada menos que la asignación de áreas de explotación petrolera sobre ciudades como Santa Cruz (que tiene ya una población superior al millón de habitantes) y Oruro que está además impactada por actividades mineras en pleno centro urbano.

Gandarillas señala que al iniciar su mandato el entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, que impulsó la privatización empresas estratégicas como Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), definió que el área destinada a la exploración y explotación de hidrocarburos debía extenderse a cerca de 13 millones de hectáreas.

Aquella meta no se concretó, entre otras cosas, “debido a la resistencia social que se encontró en diferentes regiones de la Amazonia, donde la población rechazó la ampliación de estas actividades por sus nocivos impactos y porque después de un tiempo las transnacionales petroleras decidieron concentrar sus operaciones en el sur del país donde se hallan los megacampos gasíferos”.

“Al finalizar el 2011, el gobierno de Evo Morales parece haber retomado el plan de Sánchez de Lozada, proyectando un área superior a las 12 millones de hectáreas para nuevos emprendimientos de exploración de hidrocarburos”, señala el autor.

De las cerca de 12 millones de hectáreas asignadas al sector, cifra superior en más de cuatro veces a la que se tenía en 2009, alrededor de 50% fueron asignadas a empresas transnacionales en una superficie que abarca 5´412.196,06 de hectáreas, precisa Gandarillas.