¿Cuándo, cuánto y cuál será la producción de gas?

El tema de la producción de gas es preocupante. Vivimos tiempos en los que el mercado absorbe más cantidad en el día a día y hasta determinadas industrias precisan, con urgencia, de volúmenes muy grandes para atender sus necesidades. Hay instrucciones para que el parque automotor, especialmente de servicio público, consuma gas en lugar de gasolina o diesel no sólo por ser más barato sino que su utilización es más sana; ¿cuál es la realidad sobre su existencia y producción?

Hay muchas preguntas que técnicos especialistas responden pero no tienen asidero en las autoridades del sector que son las que deberían aclarar criterios y conceptos sobre el futuro de este energético. Las informaciones señalan que la producción actual alcanza sólo para “cubrir los contratos con Brasil y Argentina a más del propio mercado”; pero no hay visos de seguridad para el futuro.

Muchas veces se anunció que las petroleras -cuyos contratos originales son respetados y la nacionalización de 2006 sólo sirvió para cambiar textos que aún no se los firma- invertirían mucho dinero y modernizarían tecnología con miras a “superar la actual producción”; pero hay la certeza de que ello no es posible mientras no cuenten con las garantías precisas que permitan nuevas inversiones y, además, la seguridad de trabajar “bajo las normas y experiencias existentes en la industria petrolera en el mundo”. Se sostiene que al no contar con normas claras, precisas y garantizadas contra cualquier contingencia, “no puede haber nuevas inversiones”.

Otro factor que daría lugar a la “negativa para invertir” es que los precios internacionales del petróleo y del gas son de continuo cambio y que en el país, al tener congelados los precios debido a sus políticas de subvención, no hay forma de hablar siquiera de nuevas inversiones. Ante este panorama tan oscuro, cabría preguntar: ¿Cuáles son los criterios de las autoridades del sector? ¿Continuarán las subvenciones inclusive para beneficiar a un parque automotor “ingresado de contrabando y legalizado tan sólo por cuestiones político-partidistas”?

Nuestra realidad es que en el mercado internacional el barril de petróleo tiene precios fluctuantes conforme a la oferta y la demanda; que el valor actual, vigente desde hace pocas semanas, es de $us. 107 por barril y nosotros, en Bolivia, lo vendemos a, más o menos, 27 a 30 dólares el barril. La diferencia está subvencionada por el Gobierno en nombre del Estado que, en resumidas cuentas, es el que pierde y cierra perspectivas para el futuro. ¿Seguirán estas políticas? ¿Hasta cuándo? ¿Será suficiente el atenerse a las “reservas internacionales” que poseemos, aun descartando las deudas u obligaciones externas e internas y que llegan a cubrir esas reservas internacionales?

Hay muchas preguntas que el Gobierno debe responder; de otro modo, corre el peligro de no saber cómo encarar el futuro de un problema de difícil solución y que no muestra respuestas acordes con la realidad que debemos vivir los estantes y habitantes del país.

El caso de hidrocarburos, su prospección, exploración, explotación, comercialización y uso en Bolivia, es muy delicado; no puede estar sujeto a optimismos perjudiciales o creencias de que “podemos enfrentar cualquier dificultad porque nuestra economía está blindada”. Gobierno y pueblo debemos vivir con la verdad para no tener que encarar una crisis de múltiples consecuencias y que agravarían nuestra pobreza y dependencia.