Fomento gubernativo a la producción de coca

Mientras por un lado el gobierno del sexenio anuncia la erradicación de algunas hectáreas de coca, con el supuesto objetivo de reducir su producción, por otro, con actitud contradictoria, adopta medidas destinadas precisamente a que sigan aumentando los cultivos de la hoja (para algunos maldita y para otros sagrada). Semejante política quedó confirmada en las últimas semanas con motivo de algunas decisiones de autoridades nacionales y locales.

En efecto, funcionarios de la alta jerarquía burocrática oficialista han anunciado que seguirán adoptando medidas para la legalización del “acullico” en Bolivia (como el reciente pedido del presidente Evo Morales en la Convención de Viena) y que, al mismo tiempo, harán mayores esfuerzos para la despenalización del uso de la coca, sugerencias (viendo el asunto con mínimo sentido común) que lo que harán será aumentar la demanda de la hoja, lo cual, a la par, determinará de manera inevitable el aumento de la producción de la materia prima.

Pero esa no será la única forma de incrementar el consumo de coca que propone el Gobierno, sino que también proyecta usar la hoja de coca en comida para peces y fabricación de cartón y papel. Así mismo, se asegura que las cuantiosas toneladas de coca confiscadas en el Chapare y Yungas de La Paz servirán para fabricar un abono orgánico destinado a la agricultura de los valles y el altiplano.

El Gobierno pretende, a la vez, industrializar la creciente producción de la hoja, con proyectos para producir pasta dental, galletas, licores, champú, harina, mates y otros tipos de artículos que pueden derivar de la “hoja sagrada”, tanto para fines internos como de exportación. El indicado proyecto industrializador dará un primer paso adelante con la instalación de una planta en Chuspipata (Nor yungas), cuyo diseño final será presentado al Gobierno para su respectiva financiación y ejecución. La realización de este proyecto tendrá como base que dos millones de libras de hoja de coca, ahora depositadas en Adepcoca, sean destinadas a la mencionada fábrica.

Aparte de esos planes, los cocaleros demandan otras medidas destinadas a obtener mayores libertades tanto para la producción, distribución y cambio de la hoja, de tal forma de garantizar el consumo interno y facilitar su envío a probables mercados del exterior del país. De otro lado, se confirma a diario que gran parte de la producción de coca se desvía para producir pasta de coca y cocaína, lo cual también determina el crecimiento de la demanda.

Por los aspectos mencionados, en forma general se puede señalar que el actual precario inquilino del Palacio Quemado con esas disposiciones hará crecer la demanda de la hoja, lo cual determinará, naturalmente, el aumento de su producción, vale decir ampliar la extensión de los cultivos de este vegetal, tanto en áreas tradicionales como en otras todavía vírgenes, como la del TIPNIS.

En síntesis, se debe destacar que al estar en plena vigencia por decisión del Gobierno la ley de la oferta y la demanda y en particular incrementar el consumo en las formas indicadas, de manera automática aumentará la producción de la hoja, es decir que, de acuerdo con las necesidades de la demanda, las áreas de cultivo pasarán de 35.000 a 40 ó 50 mil hectáreas en el próximo quinquenio y así todos los esfuerzos para erradicar el tráfico de drogas caerán en saco roto.

No se puede dejar de considerar que en determinado momento el cultivo de coca podrá sobrepasar las necesidades del consumo, aspecto que determinará que ese incremento servirá para la mayor producción de la droga blanca. En todo caso, se puede concluir que las medidas que está adoptando el Gobierno para industrializar y aumentar el consumo de la hoja por vía del acullicu y la sustitución de la leche por los mates de coca por los niños (como propuso el canciller Choquehuanca), servirán para incrementar la producción en forma ilimitada de este vegetal con los efectos consiguientes.