Ola extractivista choca con límites de la democracia

La ola extractivista que recorre países como Bolivia, genera tensiones sociales y pugnas económicas regionales, como es el caso de los pueblos indígenas de tierras bajas del Tipnis, y entre los departamentos de Tarija y Chuquisaca.

La decisión de los llamados gobiernos progresistas de aprovechar al máximo la explotación de los recursos hidrocarburíferos, bajo el supuesto de lograr recursos para luchar contra la pobreza, está chocando contra límites democráticos, sociales, culturales y ambientales, advierte el economista uruguayo Eduardo Gudynas.

En un reciente artículo publicado por la revista Nueva Sociedad No 237, el especialista en temas ecológicos advierte sobre las “ambivalencias del progresismo sudamericano”. Destaca el conflicto que vive Bolivia entorno al Territorio Indígena Parque Isiboro Sécure (TIPNIS) y que el 2011 marcó la dinámica política boliviana.

Al respecto, Gudynas señala en agosto y octubre de 2011 “los reclamos y la marcha indígena en defensa de uno de sus territorios que fueron rechazados por el gobierno de (Evo) Morales por ser una manifestación ‘política’”.

“El gobierno no responde a los argumentos sociales, económicos y ambientales de los indígenas de las zonas tropicales, sino que los rechaza en tanto ponen en cuestión los planes de desarrollo extractivista de la zona. Aquí la clave es que, entre las impugnaciones utilizadas, se decía que esos argumentos eran ‘políticos’ y solamente eso, cargando el adjetivo de un sentido negativo intenso. Esta es una dinámica que despolitiza a la sociedad, y con ello el progresismo cancela su propia reproducción”, dice el experto.

El mismo reconoce que los gobiernos progresistas generaron cambios sustanciales. “Detuvieron la ola neoliberal, recuperaron el Estado y se han mantenido en un marco democrático…Pero también es cierto que el enorme protagonismo que han ido tomando el extractivismo y las medidas de compensación monetaria están encontrando sus límites, y las capacidades que tienen de legitimación política y apaciguamiento social son ahora más limitadas”.

LA PELEA ES POR EL DINERO

- El énfasis otorgado a las transferencias monetarias -como un sinónimo de justicia social- reduce el amplio y diverso campo de la justicia a una dimensión (justicia económica redistributiva) y, dentro de esta, a un instrumento (pagos en dinero).

- Muchos debates pasan a centrarse únicamente en reclamos alrededor de las compensaciones económicas (cuál es su valor, quiénes serán sus beneficiarios, quiénes serán los intermediarios, etc.). Se intenta adjudicar un valor económico a casi todo, y esa mercantilización corre el riesgo de asemejarse a la mirada neoliberal”.

- El Estado no acepta demandas que se expresan en dimensiones no económicas, tales como los valores culturales, religiosos o ecológicos de un sitio. Si las reconociera, debería aplicar restricciones que volverían inviables muchos emprendimientos extractivistas.