Periodistas piden al gobierno encarcelar a los loteadores

Oruro, 4 (EL DIARIO).- El Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Oruro pidió al gobierno del presidente Evo Morales “encarcelar a los loteadores” que desde el 2006, han ocupado terrenos de propiedad privada, provocando zozobra, amenazas y destrucción de casas, entre los mismos avasalladores que no cumplían los designios de los líderes del supuesto Movimiento Sin Techo.

El secretario general del Sindicato, Carlos Ajhuacho, dijo que si el proyecto de ley de regularización del derecho propietario garantiza el procesamiento y el encarcelamiento de los loteadores, “entonces deberían empezar por procesar a los dirigentes de la supuesta urbanización Virgen del Carmen II, que el 9 de noviembre de 2010, han efectuado el avasallamiento de los terrenos de los periodistas”.

“Tenemos conocimiento que las leyes no son retroactivas, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, salvo en los casos laborales, casos de corrupción y en materia penal cuando beneficia a los detenidos, pero en este caso, de los loteadores, no se ha previsto luchar contra los avasalladores, o por lo menos el proyecto de ley no es muy claro al respecto”, señaló.

Los loteadores de terrenos se asentaron en Oruro el 9 de marzo del 2006, dos meses después que el presidente Evo Morales asumió el poder, con la esperanza de tener respaldo de parte del gobierno para la construcción de sus viviendas. El mismo ex prefecto, Alberto Luis Aguilar, adelantó la ocupación de terrenos, incluyendo los predios del Parque Industrial, ubicado en el camino Oruro-Vinto.

Según el secretario general de la Confederación de Juntas Vecinales de Bolivia, José Flores, el proyecto de Ley de Regularización del Derecho Propietario sobre Bienes Inmuebles Urbanos destinaos a Vivienda, “no ha de garantizar el avasallamiento de terrenos, sino la consolidación de las casas construidas hace cinco años, pero que no sea producto del loteamiento y del avasallamiento, sino que la ocupación haya sido en forma pacífica”.

Según el artículo 10 de ese proyecto, parágrafo II, “no se iniciarán procesos de regularización en el marco de la presente ley, cuando existan procesos judiciales incoados por terceras personas, cuyo derecho propietario se encuentre debidamente registrado en las oficinas de Derechos Reales”.

Flores dijo que, con ese artículo, “se está garantizando el respeto a la propiedad privada y al derecho de personas que tengan registrada su propiedad en Derechos Reales y que, por ningún motivo se debe permitir la legalización de los avasallamientos o loteamiento ilegal de terrenos en el país”.

Para legalizar el derecho propietario, se necesita “una declaración de dos testigos colindantes y/o vecinos del inmueble que acrediten la posesión continua del bien inmueble, por lo menos cinco años anteriores a la promulgación de la presente ley”, “recibos de pago de servicios públicos, comprobantes de pago de impuestos a la propiedad inmueble, correspondiente a los últimos cinco años, constancia de realización de trámites municipales”.