El alcalde Luis Revilla reiteró ayer su pedido para que el arresto sea incorporado al Proyecto de Ley Contra el Consumo y Expendio de Bebidas Alcohólicas, como sanción a los propietarios de locales que reincidan en el incumplimiento de normas municipales, sobre el horario de funcionamiento y venta de alcohol a menores.
“Estoy insistiendo en la necesidad de que se imponga como sanción a los infractores de las disposiciones municipales, el arresto, porque ahora se está poniendo sólo como sanción, la multa. Y el Gobierno Municipal tiene varios procesos coactivos para cobrar multas, que son muy largos, que toman mucho tiempo, que toman meses e incluso años”, dijo el Burgomaestre.
Para esta autoridad es necesario endurecer las sanciones, sobre todo contra aquellos propietarios de locales nocturnos de venta de bebidas alcohólicas, que incumplen normas municipales y que a pesar de haber sido clausurados, siguen funcionando y no permiten el ingreso de las autoridades municipales.
El Alcalde dijo que espera que esta propuesta sea escuchada por la Asamblea Legislativa, porque de esa manera dicha norma tendría mayor efectividad en su aplicación.
Este proyecto de ley plantea además, que los gobiernos municipales tengan la potestad de definir un sistema de trabajo comunitario, como parte de las sanciones para quienes infrinjan las normas sobre la venta de bebidas alcohólicas.
Por otra parte, recordó que las observaciones realizadas por la Asociación de Municipios de Bolivia (AMB) al proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, se refieren a las competencias que deben tener los distintos niveles de gobierno. Ello significa que esta ley debería especificar cuáles serán las áreas de inversión y responsabilidad del Ministerio de Gobierno, las gobernaciones y los gobiernos municipales.
La segunda observación se refiere a la asignación que realiza la ley para que los gobiernos municipales, cubran los costos de los servicios de las estaciones policiales. Los municipios aceptan esta nueva responsabilidad, pero a la vez solicitan la elaboración de un reglamento o convenios específicos con la Policía Nacional, para garantizar un uso adecuado de las instalaciones y de los servicios.
“Pero tiene que estar sujeto a una reglamentación, porque por experiencia cuando el gobierno municipal ha cubierto estos costos, nos han dejado las luces prendidas toda la noche, han dejado los grifos abiertos toda la noche. Quien no se hace responsable, a veces, tampoco cuida las cosas y no tienen una responsabilidad adecuada con los servicios”, añadió.
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