El alcalde de Tarija, Oscar Montes, aseguró que el departamento tarijeño cuenta con los recursos legales respaldados en la Constitución Política del Estado (CPE) para realizar un estudio propio acerca del campo Margarita y el cobro de regalías que correspondería. Asimismo, el diputado por Convergencia Nacional (CN), Roy Moroni, recordó que el recurso de inconstitucionalidad presentado ante el Tribunal Constitucional plurinacional (TCP), aún no obtuvo respuesta.
“Se pidió al Gobierno nacional pudiera autorizar realizar este estudio. El primer documento que se firmó en Santa Cruz, establece que el Gobierno nacional tiene que ver con el mecanismo legal que le permita a Tarija esta actividad por cuanto la Constitución establece como una competencia privativa de Yacimientos”, explicó la autoridad edil del departamento.
Montes señaló que el Ejecutivo tiene la tuición legal, amparada en la Carta Magna, para perpetuar un mecanismo legal que de la posibilidad de que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) autorice a la Gobernación de Tarija para que se realice dicho estudio.
La validez de este estudio, se determinarían a través de un análisis entre el estudio de Chuquisaca y el de Tarija, que en caso de coincidir se tendría que aplicar los resultados.
“Si el estudio no es coincidente, lo que establece el acuerdo de Santa Cruz, es de que se abre un proceso de mediación y negociación entre las partes y si se llega a un acuerdo se aplica aquello sino queda expedita la vía judicial”, sostuvo.
A su turno, el diputado Roy Moroni (CN) aseguró que el departamento de Tarija, consolidará las medidas de presión en contra de las determinaciones del Gobierno respecto al cobro de regalías y el compartimiento de recursos del campo Margarita.
Agregó, que la única forma de resolver el conflicto es obligar a la empresa Repsol que perfore un pozo en Chuquisaca y que este departamento comparta el 100% de los hidrocarburos. “Con esa noticia Tarija podría estar algo conforme”, puntualizó.
Asimismo, hizo referencia al recurso de inconstitucionalidad que presentó la bancada opositora respecto al estudio de la empresa Gaffney que determina el compartimiento del campo Margarita.
“Sin embargo hace más de un mes que presentamos esta denuncia y no hemos tenido respuesta del Tribunal Constitucional. Hay cinco días para admisión y 30 días para resolución, han pasado más de dos meses y no hay respuesta”, aseveró.
DATOS
- Prosigue el descontento tarijeño con informe de empresa americana Gaffney.
- Legisladores apelarán a CPE. Un nuevo estudio con diferente conclusión abriría paso a un proceso de mediación.
- Recurso de inconstitucionalidad espera respuesta del Tribunal Constitucional Plurinacional.
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