Derrumbe del comercio legal por la corrupción

En toda civilización bien organizada y que tiene conciencia de país, el cumplimiento de las normas legales tiene vital importancia; en naciones donde reina el caos que se hace norma de vida, resulta difícil que la ley tenga primacía sobre el funcionamiento de la sociedad, especialmente en su movimiento económico-financiero, en su vida práctica de producción y en el encarar diario de la vida comunitaria. El contrabando, entre muchos delitos, se hace imbatible cuando la corrupción lo apoya y lo fortalece hasta con “el peso de las leyes” que manejan a su antojo quienes poseen poder político.

El contrabando se ha hecho norma de vida en el país porque es un delito fácil, con apoyo, con incrustaciones en los poderes nacionales y garantías para la inmunidad que se hace impunidad llegando a ser una especie de regla que es manejada por quienes actúan como cabezas del delito. El problema adquiere mucha gravedad cuando la venta de lo ilegal se hace legal y cuando hay fronteras abiertas como en el caso de 33 camiones que llegaron con gran cantidad de mercadería a Cobija y, muy poco después, desaparecieron conjuntamente su contenido, cuyo costo seguramente era de muchos millones.

Luego está el caso de la legalización, mal llamada “nacionalización por ley”, de automotores que, robados en países vecinos y en su mayoría importados desde países asiáticos, ingresan a nuestro territorio para incorporarse al mercado legal.

Enumerar los casos, grandes y pequeños, que cubre y fomenta la corrupción con el contrabando, sería inútil y hasta perjudicial; lo primero porque no hay autoridad que ponga freno al delito y, en segundo lugar, porque tan sólo su recuerdo incita a que surjan más contrabandistas y más corruptos que se prestan al “negocio redondo” que significa el actuar contra la ley y, en casos, con “apoyo de la ley disfrazada de corrupción”. Estas conductas dan lugar a que muchos comerciantes que actúan en los marcos legales se presten a entrar en “componendas con los que hacen del contrabando su forma de vida” y, al conseguir mercadería más barata que la importada legalmente y sin los trámites burocráticos de ley, logran contar con “stocks” seguros, aunque con la hipoteca moral de un comercio legal que ingresa al campo de la ilegalidad.

En tanto actúen impunemente corruptos y corruptores, habrá alianza en los delitos y la ley resultará simplemente un disfraz digno de lucir para unos y otros, con la tentación de que engrosen sus filas muchos honrados y conciencialmente honestos, pero que “cederán ante la vida fácil” que les ofrece el incumplimiento de las leyes y por estar expeditos los caminos para un accionar fácil del contrabando y hacer que el comercio se debata en franca competencia.

El Estado pierde y el comercio se desacredita y pierde moralmente, junto con el Gobierno que no pone coto a la corrupción que se hace delincuencia que crece imparablemente porque llega a atacar las bases de organizaciones partidarias y se incrusta en esferas institucionales. El gobierno del MAS prometió muchas veces aplicar “cambios” para derrotar a los delitos; pero, ¿cuándo será efectivo? ¿Habrá la decisión y dedicación necesarias para encarar las situaciones ilegales? ¿Será posible, simplemente, aplicar las leyes -pero sin “justicia comunitaria”- para combatir delitos de corrupción y los que promueven los mismos hechos delictivos? Para todo ello, será preciso que tomen conciencia de sus deberes quienes, para cambiar, deben cambiar conductas.