Gobernar sin justicia es adulterar la democracia

Si se entiende que la justicia es patrimonio del ser humano para vivir en paz y libertad; si entendemos que la administración de justicia implica la vigencia de un límpido y constructivo Poder Judicial, podemos estar seguros de que habrán posibilidades de esperanza para el pueblo, porque no entender que la justicia es parte de la convivencia humana, es totalmente contrario a los sentimientos de equidad, ecuanimidad y legitimidad que pueda albergar el ser humano. Bajo estos principios o conductas de vida, podemos sostener que un sistema judicial no puede ser vulnerado ni alterado ni violado por ninguna razón; mucho menos, por supuesto, debido a la ignorancia, incapacidad, inutilidad y carencia de conciencia de quienes están encargados de su justa, oportuna y debida administración.

¿Cuánto hemos conseguido en las últimas diez décadas con un Poder Judicial tachado de ser manipulado, contradecido, utilizado para fines subalternos y haberse convertido en instrumento de los otros poderes del Estado? ¿Cuánto mal se le debe al prevaricato, la inconsecuencia, la falta de honestidad y responsabilidad de quienes lo componen? ¿Cuántas fortunas y sitiales de importancia han conseguido quienes han actuado en contra de los principios de justicia, tan sólo por obedecer ambiciones y hasta consignas de servicio a personas, entidades y grupos que buscaron que la corrupción sea parte del diario vivir no sólo de los integrantes de otros poderes sino, como garantía de impunidad, en el Poder Judicial?

Las preguntas fluyen y no terminan porque una justicia mal entendida, peor administrada y pésimamente consignada sólo en los rubros de lo que no debe hacerse porque atenta contra los derechos humanos y son contrarios a los intereses del país, no está acorde con la vida y derecho de los pueblos; al contrario, se convierte en instrumento peligroso que puede hacer mucho daño y alejar, con celeridad y seguridad absolutas, las esperanzas de la colectividad que, de régimen en régimen de gobierno del Estado, espera que la justicia sea bien administrada, respetada y considerada, con caridad y limpieza no sólo por la población que recurre a ella sino, y muy especialmente, por los integrantes de los otros poderes como son el Ejecutivo y el Legislativo.

Quienes asumen poderes con la pretensión de manejar arbitrariamente la justicia, van en contra de sí mismos, traicionan principios que han jurado respetar y cumplir, actúan contrariamente a virtudes hechas valores que la población ha forjado en el curso de los años. Violentar la justicia es prostituir las razones de vida, las condiciones cardinales en virtud que deben practicar los hombres; es, con todas sus consecuencias, creer que el término justicia es, simplemente, una palabra que define un estado para dar razón a quien la tenga o para acomodarla a intereses subalternos, pero sin tomar en cuenta las leyes ni ninguna norma moral.

Para una mayoría de los gobiernos, la justicia ha sido convertida en instrumento político-partidista porque manipularla es justificar los actos más contrarios y atentatorios a las leyes, dándoles visos de legalidad en pro de los derechos de la colectividad que se dice gobernar. Así, en el sentir totalitario, con tiranía absoluta, los tribunales se convierten en instrumento manipulador de todo lo que haga daño a la colectividad con el disfraz de legal, jurídico, defendible en los tribunales y digna práctica del derecho. Así la justicia mal administrada resulta un revés a los abogados, es demostrarles que lo sentido como vocación, estudiado con esmero y dedicación, aplicado con honestidad y dignidad, utilizado en la vida propia y en la defensa de quienes requerían acudir a manos de jueces y otros funcionarios, se convierte en instrumento mortal con apariencia de ser parte sustantiva de un poder concebido y creado en beneficio de los habitantes del país.

¿Qué nos espera con una justicia manipulada y encomendada a lo que se llama hoy “justicia comunitaria”, que no se rige ni por las leyes ni códigos ni reglas que puedan servir a la razón o sinrazón de quienes sean sospechosos de presuntos delitos y, en casos, que sirva efectivamente a los que realmente resultaren culpables ante tribunales probos? ¿Cuál es el criterio para confiar en las “hojas de coca” la resolución de un caso en que se tenga que ver si lo puesto a “su consideración” es legal o no? ¿Qué abogado se animará a realizar trámites y buscar resultados legales en tribunales donde no rige la honestidad, idoneidad y capacidad de jueces sino “el tendido de hojas de coca” que, al azar, le dicen al tribuno lo que más convenga?

¡Cuidado! La administración de justicia es culto y acción como parte del diario gobernar y es de competencia de todos los poderes que, quiérase o no, deben ajustar a la ley sus actos; de otro modo, el mal ejercicio de la justicia en cualquier poder del gobierno de un Estado es antidemocracia y se convierte en atentado contra sus habitantes y en franco desacato a las leyes actuando en contra de lo que debió administrarse con equidad, honestidad y libertad de conciencia.