La consulta a los pueblos originarios del TIPNIS para la construcción del segundo tramo de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos es un tema que activó campañas a favor y en contra. La novena marcha indígena, por su lado, es otro proceso que cuenta con dos frentes: el gubernamental, que trata de impedir la misma; y la dirigencia de Tierras Bajas que trabaja en busca de apoyo social.
Varias han sido las voces que afirman que el Gobierno central estaría haciendo una campaña dentro de las comunidades con los acuerdos firmados con las organizaciones regionales representativas de Tierras Bajas y afiliadas a la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), sin embargo, estos acuerdos no implicarían la participación de estos sectores porque sólo los pueblos moxeños, yuracarés y chimanes están habilitados para el proceso, según dicta la Ley de Consulta 222.
En análisis de Iván Arias, el Gobierno pretende aislar a los comunarios de Tierras Bajas con estas acciones, para dejar a los pueblos dentro del TIPNIS solos frente a su demanda. El objetivo primario sería debilitar la convocatoria de la novena marcha y luego incidir en el proceso de consulta.
El proceso de consulta se aplicará a las 64 comunidades del TIPNIS que están agrupadas dentro de la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEM-B) una de las 13 organizaciones de la región. Las otras 12 han ido firmando en las dos últimas semanas, acuerdos con el Gobierno y las autoridades del Ejecutivo. Un ejemplo es la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) que es parte de Tierras Bajas, pero que no se encuentra dentro de la Ley 222.
Las regionales de Tierras Bajas son la Central de la Region Amazonica de Bolivia (Cirabo), Central de Pueblos Indigenas de La Paz (Cpilap), Central Indigena de Pueblos Originarios de la Amazonia de Pando (Cipoap), Central de Pueblos Indigenas del Beni (Cpib), Central de Mujeres Indigenas del Beni (Cmib), Coordinadora de Pueblos Indigenas del Tropico de Cbba (Cpitco), Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (Cpem-B), Organizaciones de Capitanias Weenhayek y Tapiete de Tarija (Orcaweta), Coordinadora De Pueblos Étnicos de Santa Cruz (Cpesc), Asamblea del Pueblo Guarani (APG), Gran Consejo Tsimane (GCT), Centran de Organizaciones de los Pueblos Nativos Guarayos (Copnag) y la Organización Indígena Chiquitana (OICH).
NOVENA MARCHA
La novena marcha por la defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), por los recursos naturales y la democracia, iniciará el 25 de este mes desde la localidad de Chaparina, lugar simbólico para los marchistas tras la represión del pasado 25 de septiembre.
La dirigencia de la Cidob ha convocado a un nuevo encuentro para que se definan los detalles de logística, transporte, alimentación para emprender la nueva movilización, que significará la tercera vez que los pueblos del oriente de Bolivia marchan contra las políticas del gobierno de Evo Morales. La primera vez fue por mayor representación en la Asamblea Legislativa en 2010, luego vino la marcha por el TIPNIS que llegó hasta la Sede de Gobierno y logró la promulgación de la Ley 180 de protección de esta área natural.
“Todo el programa, el apoyo logístico y la plataforma de lucha en defensa del TIPNIS se planificará con todas las regionales afiliadas a la casa matriz, no queremos dejar nada al azar”, declaró la vicepresidenta de la Cidob, Nelly Romero.
DATOS
- La Ley 222 establece cuatro fases para el proceso: Preparación de la consulta; Cronograma y protocolo de la consulta; Acopio de la información pertinente; y Notificación previa.
- El Estado se compromete a realizar la “Comunicación a los pueblos Mojeño-Trinitario, Chimane y Yuracaré de toda la información necesaria y suficiente, para el desarrollo y cumplimiento de la finalidad de la Consulta”
- La norma estipula: “Los acuerdos logrados en el proceso de Consulta son de cumplimiento obligatorio para el Estado Plurinacional y los pueblos indígena originario campesinos Mojeño-Trinitario, Chimane y Yuracaré”.
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