Más de 80 mil comunarios participarían de la consulta

De acuerdo al informe recabado de la Confederación de Indígenas del Oriente de Bolivia (Cidob), solo una de las centrales regionales estaría habilitada para el proceso de consulta “previa”. Esta es la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEM-B), donde se encuentran las 64 comunidades del TIPNIS. De estas, los pueblos yuracarés, mojeño trinitarios y chimanes, que suman un aproximado de 87.356 indígenas participarían de la consulta.

Los chimanes son aproximadamente 8.528, los mojeños son 76.073 y los yuracares son 2.755. Lo que significaría que aproximadamente 87.356 comunarios que participarían de la consulta establecida en la Ley 222, promulgada el pasado año por el presidente Evo Morales.

Según el dirigente técnico de la Cidob, Lázaro Tacoó, de las trece regionales que conforman los pueblos indígenas del país, sola una esta formada por las 64 comunidades del TIPNIS.

Por otro lado, la Ley de Consulta Previa, establece en su artículo 4, que la finalidad de la consulta será para “lograr un acuerdo entre el Estado Plurinacional con los pueblos indígenas, originario campesinos Mojeño Trinitario, Chimane y Yuracaré sobre si el TIPNIS, debe ser zona intangible o no para viabilizar el desarrollo de las actividades de los pueblos indígenas Mojeño- Trinitarios, Chimane, Yuracaré, así como la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos”.

“Esto significa que sólo es una parte minúscula de los pueblos indígenas que participarían de la consulta que pretende hacer el Gobierno”, dijo Tacoó.

CONSULTA “PREVIA”

El proceso de consulta previa esta establecido en la Constitución Política del Estado (CPE) del país y los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Convenio 169.

Sin embargo, de acuerdo a denuncias de la dirigencia indígena y el Movimiento Sin Miedo (MSM), el Gobierno habría firmado contratos con la empresa brasileña OAS, para la construcción de los tres tramos de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, sin realizar este proceso de consulta previa que correspondería de acuerdo a las normas nacionales e internacionales.

En una oportunidad anterior la presidenta de la cámara de Senadores, Gabriela Montaño, culpó a los principales representantes de la VIII marcha indígena por haber supuestamente impedido, el proceso de consulta.

Sin embargo, el diputado indígena Pedro Nuny, calificó estas y otras declaraciones como un intento de confundir al país y a los comunarios de Tierras Bajas.