Apostillas de abril, 1952

Han pasado sesenta años desde aquella Semana Santa trágica de abril de 1952 en que muchos bolivianos recuerdan con nostalgia o con indiferencia tiempos que no quisiéramos que se repitan. Y si digo muchos creo que exagero, porque ahora, sesenta años después de la Revolución Nacional, pocos sobreviven a la fecha, y los jóvenes actuales no saben nada de lo que fue el MNR ni tampoco recuerdan a sus líderes, quienes, evidentemente, para bien o para mal, hicieron historia.

No me parece digno cebarse con los muertos así que no lo voy a hacer porque deploro esa costumbre tan nuestra. Son personajes que pasaron por la intrincada y cruel política boliviana y ya está. Pero caramba que los gobiernos movimientistas en la etapa 1952-1964 fueron duros. Realizaron transformaciones que eran inevitables en su momento aunque con más deseo de eliminar a una clase social -la oligarquía- que en producir bonanza económica para la nación.

Tanto en las administraciones de Paz Estenssoro como de Siles Zuazo, pegaron fuerte, muy fuerte, a la oposición, y la persiguieron con saña hasta encarcelarla o desterrarla. Sin embargo, los posteriores presidentes militares que gobernaron con rudeza extrema a veces, hicieron que se haya producido una amnesia saludable en el país porque con los rencores que existen es suficiente como para olvidar otros pasados. Además que los actuales muchachos del MAS no son nada tiernos en su proceder y ya nos están recordando las viejas mañanas de las autocracias civiles.

Los jóvenes de hoy están convencidos de que el MNR de 1952 fue totalmente democrático y respetuoso de los derechos humanos. Que liberó al país de una suerte de esclavitud y que le dio el poder al pueblo. Que las nacionalizaciones de la minería y las reversiones de tierras fueron formidables. Así como quiere hacer creer el MAS sobre sus obras “revolucionarias”. Nuestra gente ingenua que vive fascinada con revoluciones, que babea infantilmente por el Che, y que lee poco, piensa que el matonaje empezó en Bolivia a partir del gobierno del general Barrientos y que luego siguió con los demás militares. Ese es un craso error porque habría que preguntar a miles de falangistas sobrevivientes cómo la pasaron en Curahuara, Uncía, Catavi y en el Control Político. Y a los parientes de los fusilados en el cuartel Sucre también habría que preguntarles algo. Y sobre los degollados en Terebinto, por supuesto. Pero, bueno, es Semana Santa y quedémonos ahí.

Lo que no parece muy convincente es que los abusos y los muertos en la política boliviana sólo se atribuyan a las dictaduras militares y no a las autocracias civiles. Si la “Unión Nacional de ex presos y exiliados políticos de Bolivia” (UNEXPEPB) reclama indemnizaciones por lo ocurrido desde hace casi cuarenta años (Barrientos, Banzer, García Meza, ¿por qué se olvidan del general Alfredo Ovando?) hasta el advenimiento de esta democracia fullera hace tres décadas, ¿cómo otros no pueden a exigir que se les indemnice por lo que sucedió desde abril de 1952 y por lo que está sucediendo ahora?

¿Por qué sólo la izquierda tiene derecho a pedir un resarcimiento de atropellos y daños de las dictaduras militares y no la denominada derecha, pasto de la ira revolucionaria? ¿Por qué la ley 2.640, aprobada el año 2004, condena sólo a los militares y libera las barbaridades producidas por los movimientistas? Parece a todas luces inequitativo que los zurdos reclamen indemnizaciones, que hagan huelgas de hambre por haber padecido de la violencia política, y que se postren frente al Ministerio de Justicia durante días, mientras los “fachos” falangistas, fusilados y apaleados como pocos, no tengan derecho a reclamarle nada al Estado y sean ignorados por la tal Ley 2.640.

Mi madre no va a ir a sumarse a los reclamos para que la indemnicen por haberle truncado sus mejores años de vida a mi padre, encarcelado en el Panóptico, ni por los 12 años de exilio en Chile; ni lo hará una de mis tías que tuvo a su esposo más de dos años congelado en Uncía y Catavi; ni otros parientes muy cercanos que conocieron los azotes con alambre de acero en el centro de torturas de Ñanderoga en Santa Cruz. No lo harían de ninguna manera, pero, además por dignidad, y porque no hay “registros” de esos abusos. No existía entonces una oficina de Defensa de los Derechos Humanos en Bolivia, no había Defensor del Pueblo, no un régimen de Refugiados que actuara en la ONU, ni existían naciones como Suecia u otros países de Europa que recibían a los perseguidos políticos y les proporcionaban ayuda y seguridad social cuando menos. En nuestro exilio chileno y peruano de los años 50 se trabajaba o no se comía.

Colofón de Pascua: Todos los bolivianos (movis, rosqueros, zurdos) hemos sufrido por las inclemencias políticas. Todos hemos perdido a algún familiar o hemos conocido el exilio. Pocos deben ser lo que se han salvado de tanta barbarie. Pero que la izquierda no se apropie del total de las desgracias humanas y pida compensaciones. El Estado Plurinacional, en vez de compensar por lo que sucedió hace más de 30 años, debería juntar platita para compensar sus desmanes de ahora que no son pocos, y que, como los exiliados y torturados de abril de 1952, tal vez no estén resignados a callar y olvidar porque son fechorías muy frescas.