“Debemos asumir la militancia sin prejuicios”

En 1989 Víctor Paz Estenssoro entregaba el mando del país a Jaime Paz Zamora y con ello se alejaba del círculo del poder después de cuatro décadas.

El estadista también delegaba la responsabilidad de unir al partido a Gonzalo Sánchez de Lozada, exministro de Planificación e impulsor de las medidas de ajuste fiscal. “Goni”, como era conocido, asumió la jefatura del MNR y logró la presidencia en 1993 junto al intelectual campesino Víctor Hugo Cárdenas.

Militantes tradicionales como Guillermo Bedregal veían surgir otra generación de políticos, pero que ya advertían divergencia de criterios para la conducción del partido rosado.

Tras la caída y huida de Sánchez de Lozada en su segundo e inconcluso gobierno de 2003, el MNR se vio en acefalía. Mirta Quevedo (exsenadora) asumió el mando tratando de sacar a flote al movimientismo. Denuncias que pesaron en su contra la obligaron a alejarse y fue Franklin Anaya el sucesor del mando. Anaya, sin embargo, falleció inesperadamente en 2010.

En la actualidad, el MNR pretende restaurar sus bases y volver a ser protagonista de la política. Johnny Torres es el nuevo jefe nacional y asegura que el “emenerrismo” debe asumir su militancia sin temores ni prejuicios.

“Veo que hay más luces que sombras en todos estos años. Sobre la masacre de octubre, hay que preguntar quiénes llevaron adelante la guerra del gas, quiénes pagaron el transporte, porque nosotros somos los más interesados que se investigue y lo que tengamos que asumir lo asumiremos, pero no responsabilidades de otros. Con esa carga histórica tenemos en claro que Bolivia hoy es lo que el MNR ha construido”, sostuvo Torres.

El “último jefe rosado” aseguró que no se debe desconocer el pasado, dijo haber sido “gonista”, pero que ahora existe otra corriente que pretende tomar la posta de un partido que aún sobrevive en el país.

Sánchez de Lozada y sus colaboradores se encuentran fuera del país, en EEUU y Perú, mientras el caso se desarrolla en la Corte de Justicia de Sucre indagando las responsabilidades por los hechos de septiembre y octubre de 2003, cuando una represión militar en las ciudades de El Alto y La Paz tuvo como saldo más de 60 fallecidos y 400 heridos.