De acuerdo a Guillermo Campero, abogado de tres casos de muerte violenta registrados en la ciudad de El Alto, asegura que el obtener resultados del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) es una peregrinación, por los diferentes obstáculos que se presentan al interior de la entidad.
“Si bien los efectivos policiales encargados del proceso de investigaciones presentan una serie de contratiempos ante la falta de equipos técnicos para la recolección de muestras, como huellas digitales en prendas lisas o sobre la vestimenta de las víctimas. Otras de las problemáticas que deben enfrentar las familias de quienes realizan el proceso, son los resultados de laboratorio que pueden durar hasta seis meses, límite procesal donde se puede evidenciar cientificamente a los involucrados en un hecho delictivo”, expresó.
Para Campero la posibilidad de modificar el Código de Procedimiento Penal (CPP) con la finalidad de permitir que otros laboratorios puedan ser tomados en cuenta para facilitar resultados en el tiempo requerido, podría favorecer a la población, ante la posibilidad de dar con los responsables de los hechos ilícitos.
“Incluso el que se busque recursos para poder instalar un banco de datos del perfil de ADN de los recluidos en los diferentes penales del territorio nacional, aspecto que puede facilitar a que los mismos sean procesados, cuando cometen otro ilícito, aprovechando su libertad provisional”, plantea Campero.
En la ciudad de El Alto por semana se registra de cuatro a siete levamientos de cadáver, de los cuales el 70% están relacionados a muertes violentas, mientras que el restante son muertes con intoxicación alcohólica o suicidios, explicó el coronel Félix Rocha, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen en esta urbe.
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