En entrevista con EL DIARIO, el presidente de la plataforma de lucha social contra la impunidad, la justicia y la memoria histórica del pueblo de los bolivianos víctimas de la violencia política, Julio Llanos, manifestó que hoy lunes radicalizarán sus medidas hasta que el Ministerio de Justicia no emita respuesta a su protesta que advierte un resarcimiento económico que debería otorgarse mediante ley.
Cumpliendo un mes desde que un grupo de aproximadamente 30 personas, cuyos familiares fueron víctimas de la época de dictaduras, estableció vigilia frente al Ministerio de Justicia, los manifestantes se encuentran indignados ante la ausencia de respuesta de la titular de esa cartera, Cecilia Ayllón.
“Hemos enviado cinco cartas, la primera carta fue enviada en enero, la última se emitió en marzo. No podemos anunciar qué medidas asumiremos, pero los compañeros están dispuestos a todo”, aseveró.
Llanos recordó que este movimiento está amparado en la Ley 2640, promulgada en el gobierno del expresidente Carlos Mesa, referente al resarcimiento de las víctimas de tortura, asesinato y persecución.
Desde 2004 unas 1.700 personas fueron habilitadas para recibir indemnización, sin embargo, otras 6.000 la reclaman y alegan que fueron excluidas injustamente. Según Llanos, muchos de los manifestantes no tienen varios documentos que son solicitados por el Ministerio de Justicia, pero sí cuentan con documentos secretos donde está la relación de sus nombres, lo que no tiene validez para dicha instancia.
“Nos piden certificado de tortura, pasaporte a personas que salieron del país clandestinamente, piden certificados de violación a mujeres que en ese momento no podían acceder a uno, certificado de defunción de un desaparecido; cómo poder conseguir esos documentos, no todos lo tienen”, aclaró Llanos.
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