Nutrido cuadro de conflictos sociales

Una nueva ola de conflictos sociales que amenazan convertirse en tsunami, lleva a la desesperación a estantes y habitantes al verse impotentes frente a la complicación de su diario desenvolvimiento y actividad, sufriendo las consecuencias de una situación a la que es ajena y víctima inocente. El Gobierno llamado a remediar los conflictos parece haber devenido en factor de agravamiento.

Un rápido recuento de la actual problemática ofrece la explosión de los siguientes casos y otros que se mantienen latentes. Los médicos han retornado a una huelga movilizada por la reiteración del Gobierno de mantener la jornada de ocho horas según el Decreto Supremo 1.126 y su Reglamento, pese a que se había acordado una tregua de 30 días con fines de revisión. La COB ha decretado huelga a nivel nacional a partir del 11 de los corrientes, con base en su pliego petitorio y a un sustancial incremento de salarios. Como es obvio esta medida abarca a maestros, fabriles y mineros, principalmente.

Se mantiene latente el reajuste de tarifas del transporte a título de “nivelación”, problema que está enfrentando a vecinos con transportistas. La disputa entre Chuquisaca y Tarija por los pozos gasíferos de Margarita y Huacaya es inminente, al igual que el de límites entre Potosí (Coroma) y Oruro (Quillacas). A lo anterior se suma la IX Marcha de la CIDOB en defensa del TIPNIS, anunciada para fines de mes.

Semejante cuadro a nadie tranquiliza y se debe en gran medida a la política contradictoria del Gobierno, la que se expresa en ciertos casos dictando medidas que no tarda en revocarlas, mientras en otros se empecina lindando en lo autoritario. Entre los primeros se recuerda el “gasolinazo” de fines de 2010 y la legalización de vehículos “chutos”, después de haberla prohibido, etc. Los segundos son representados por la negativa a revisar el trazo del camino Villa Tunari-San Ignacio y el de someter a los médicos a ocho horas de trabajo sin compensación.

Muchos de estos actos acusan precipitación y ligereza desatando conflictos sin cuento. Todo señala que a niveles de decisión existe falta de meditación, de consejo, de tacto, de consenso y hasta de convicción respecto a lo que se hace o se quiere hacer. En otros términos esto no es otra cosa que improvisación y falta de planificación.

Los conflictos sociales enumerados son sólo algunos de los que se manifiestan previa amenaza o de improviso, muchos de ellos responden a las expectativas de bonanza económica y “blindaje” de la economía del Estado, que se propalan a los cuatro vientos, como la existencia de más de 12.000 millones de dólares en calidad de reservas internacionales, de las que alguna parte será volcada a un azaroso “capitalismo de Estado”.

Es así que las indicadas peticiones de la COB se originan en lo anterior y por el inoportuno anuncio de un significativo reajuste de sueldos a los funcionarios de la Administración Pública. Otros movimientos, a su vez, exigirán una “tajada” del pastel.

Siguiendo la huella gubernamental desde hace seis años, no deja de ser cierto que se alimenta de una sostenida conflictividad, mantenida y hasta provocada para desviar la atención pública hacia una gestión que no acaba de dar muestras de eficiencia. Las continuas marchas y bloqueos en el centro de la ciudad de La Paz, por ejemplo, en buenas cuentas perjudican a sectores de clase media que realizan sus actividades en ese estrecho radio. Pareciera que las autoridades ven con beneplácito dichos perjuicios porque afectan a quienes el Gobierno considera opositores. En fin, la situación actual da para precisiones y conjeturas al mismo tiempo.