Advierten tres niveles de competencias en la norma

Después de versiones contradictorias sobre la cámara de origen, el proyecto de Ley de Regulación del Derecho Propietario comienza su análisis en la Comisión de Autonomías de la Cámara de Diputados. La norma establece competencias con la creación de una dirección a cargo del Ministerio de Obras Públicas, la labor de los municipios y el procesamiento legal coordinado con el Consejo de la Magistratura.

De acuerdo a la versión de la presidenta de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, la diputada Betty Tejada (MAS), el anteproyecto de ley ingresó a esa instancia legislativa la pasada semana cuando la Confederación Nacional de Juntas Vecinales (Conaljuve), presentó la propuesta oficial al presidente Evo Morales.

Posteriormente, la normativa fue puesta a consideración ante los miembros de la Comisión, quienes convocaron a audiencias públicas con diferentes sectores, mismas que iniciarán esta semana, para después remitir la propuesta a la Cámara de Diputados, para la tercera semana del mes de abril. “La norma estaría promulgada para el mes de mayo luego de su tratamiento en Senado”, precisó Tejada.

COMPETENCIAS

La Ley de Regularización de Derecho Propietario, establece tres competencias que determina los alcances generales de esta norma.

En las disposiciones adicionales de esta norma, se constituye la creación del Programa de Regularización del Derecho Propietario sobre Bienes Inmuebles Urbanos destinados a vivienda bajo dependencia del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. La diputada Tejada (MAS), explicó que esta instancia será creada para “facilitar el trabajo que tenga que ver con los trámites correspondientes”, dijo.

El funcionamiento será reglamentado mediante Decreto Supremo y tiene la finalidad de facilitar los procesos técnicos, administrativos y judiciales de regularización, explica la normativa.

Respecto a la labor de Gobiernos Autónomos Municipales, la legisladora señaló que el proyecto de Ley, determina diez competencias exclusivas respecto a la regularización.

Entre las más importantes mencionó la aprobación de la delimitación de su área o radio urbano en un plazo a determinarse en Decreto Supremo, de acuerdo a las características de cada Municipio, la aprobación de planimetrías producto de los procesos de regularización, reconociendo las áreas públicas que resulten de la consolidación física del asentamiento, exceptuando las áreas sujetas a revisión.

Por otro lado, los municipios se encargarán de verificar las características y contenidos de los títulos de propiedad, planos, certificados catastrales, documentación relacionada con los asentamientos poblacionales y urbanizaciones producto de la regularización, a fin de constatar la veracidad de la información jurídica.

Finalmente, el último nivel de competencia, además del nuevo Programa y las funciones de los municipios, determina que el Órgano Judicial, a través del Consejo de la Magistratura dispondrá la creación de Juzgados Públicos en materia civil.

“Estos juzgados serán creados en materia civil, habrá el número necesario para que cada distrito cuente con la tramitación de las causas de la regularización prevista en la Ley”, dijo.

El financiamiento para este proyecto será otorgado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.