Expolicías exigen que Ley 101 sea aplicada al Alto Mando Policial

Juan Carlos Soraide, representante de la Asociación de Expolicías, exigió que los oficiales del Alto Mando Policial y parlamentarios implicados en las denuncias sobre supuestos hechos de corrupción en el ingreso de 54 cadetes de la Universidad Policial, sean sancionados bajo la Ley 101 de Régimen Disciplinario.

El pedido es realizado debido a la acusación que recae sobre el coronel Marco Ortuño, director de la Academia nacional de Policías (Anapol) y contra el director de la Universidad Policial (Unipol) coronel José Piérola por haber permitido, supuestamente, el ingreso de 54 cadetes de forma irregular.

Soraide recordó que entre los antecedentes sobre hechos similares se tiene registrada a la exsecretaria del diputado Lucio Marca, quien comercializaba los puestos de ingreso a esta institución.

“Lamentablemente hasta la fecha no se ve que el diputado llegue a ser investigado por su relación con esos hechos irregulares a pesar de su supuesta implicancia”, afirmó el entrevistado.

Según la versión del representante, “los casos de supuesta corrupción en contra de los responsables de la Academia deben ampliarse hasta el Alto Mando Policial por ser esta instancia la que define el destino de los oficiales que generalmente llegan a cargos altos, incluso hasta el puesto de Comandante General sin méritos propios”, observó.

La Ley 101, referida a sanciones contra irregularidades cometidas por efectivos policiales, establece que mientras más alta es la jerarquía mayor será la sanción, entre los castigos se cuenta incluso con la baja inmediata.

En consideración del exefectivo policial, los hechos de corrupción se generan con mayor frecuencia en los últimos años toda vez que existe una mayor dependencia con el nivel político partidario de Gobierno. “Este aspecto fue verificado cuando algunos uniformados participaron de la inauguración del Congreso del Movimiento al Socialismo (MAS) el pasado mes, en esa ocasión la alta cúpula policial efectuaba el agradecimiento al ejecutivo y se cuadró ante un evento netamente político partidario”, recordó el entrevistado.

“Recordemos que en la campaña del Movimiento al Socialismo incluso el exgeneral Oscar Nina llevó a dos orquestas argentinas de fama al Chapare, pero a pesar de la denuncia con documentación el hecho nunca fue procesado, por lo tanto el sometimiento político es mayor. Lamentablemente, ellos no se encuentran interesados en la defensa de los derechos de seguridad ciudadana de la población, tampoco en las condiciones en que se está efectuando el trabajo al interior de las unidades policiales o módulos, donde fuera de no tener armas y menos armamento reglamentario, deben continuar el ejercicio de su labor con sueldos totalmente inadecuados”, afirmó.

De acuerdo con los representantes de policías, cuando un subalterno es implicado en una denuncia sobre tratos inhumanos o hechos irregulares al interior de su institución, las normas caen sobre ellos con todo el peso de la ley, pero de manera reiterada habría quedado demostrado que no ocurre lo mismo en niveles jerárquicos.

“Para el archivo por ejemplo tenemos el tema de narcotráfico, donde el proceso en contra de algunos efectivos policiales para el nivel político fue suficiente. También el caso Tipnis, donde pretendían procesar sólo a los policías y no al alto mando”, añadió.