La reivindicación marítima es un derecho autónomo

Desde la gran estafa del Tratado de 1904 es permanente la irresponsabilidad con que se ha conducido el problema internacional más grave e importante que es el enclaustramiento forzado de Bolivia; y lo que se hizo, o estuvo contrahecho, realizado con incompetencia y sin estudio, o bien hubo entreguismo a la astucia y los embates de Chile.

Últimamente se ha vuelto a hablar de gas por mar, alguno ha sugerido agua dulce por mar y no faltan otros que pregonan el canje territorial, sin detenerse a pensar que el derecho de reivindicación de nuestro territorio marítimo es un derecho límpido, perfecto, exento de cualquier interferencia o condicionamiento que le reste eficacia. No puede estar al vaivén de alguna condición, es un derecho puro, en sí y por sí mismo, que no está amarrado a ninguna obligación por parte de Bolivia, porque ya hemos dicho que la ocupación del Departamento del Litoral por Chile se debe a distintos factores de fuerza:

1) La dolosa apropiación unilateral del territorio boliviano entre los paralelos 23 al 24 de latitud sur, a título de una inventada reivindicación dispuesta por su ley de 5 de abril de 1879, como si fuera permitido reivindicar territorio ajeno.

2) La ocupación violenta del territorio boliviano desde el paralelo 23 hasta el río Loa, a que se refiere el Pacto de Tregua de 1884, que después se convalidó gratuitamente por el forzado Tratado de 1904, un instrumento imperfecto, sin consentimiento libre, con lesión enormísima por carecer de prestaciones equivalentes y, por lo tanto, leonino, que ha dado lugar al enriquecimiento ilegítimo del agresor.

3) Apropiación chilena del territorio dentro del arco del río Loa, que no ha sido objeto de cesión por parte de su legítimo dueño, donde explota la mina de cobre de Chuquicamata, que sigue enriqueciendo al usurpador.

4) Los territorios no cedidos a lo largo de la frontera actual impuesta por la fuerza en el Tratado de 1904, amén del mar territorial y plataforma submarina y de sus islotes, con todos sus recursos.

Estos antecedentes nos muestran que a Bolivia le asiste el derecho de reivindicar y pedir la nulidad de esas apropiaciones forzadas, con daños y perjuicios. Entonces no es como limosna que Bolivia debe pedir el retorno a su territorio marítimo, sino como un derecho legítimo de reivindicación de lo suyo.

Hay territorios no transferidos a Chile por ningún título, evidencia jurídica que debe cambiar ese comportamiento de prosternarse ante el invasor de ayer y de hoy, porque el derecho se lo debe reclamar resueltamente, con la convicción de quien ha recibido la afrenta de un despojo violento.

En las posteriores negociaciones también se ha planteado soluciones al enclaustramiento marítimo de Bolivia, engranándolas a otras exacciones, sean éstas de compensación territorial, de aguas, de energía, de complementación económica, etc., que no cabe mezclarlas, porque el derecho de reivindicación marítima de Bolivia es independiente de toda otra consideración que debe ser objeto de tratamiento separado, fundamentos por los que nuestra recuperación marítima debe ser manejada con la mayor autonomía de otras cuestiones de integración, cooperación y desarrollo de zonas involucradas.

Ahora se debate, debido a comedidas iniciativas, compensaciones a cambio de una salida al mar, sin meditar ni estudiar ni teniendo en cuenta los fundamentos jurídicos e históricos que nos amparan, con los que el país se encaminará, sin remedio, a una catástrofe de la mayor claudicación, peor que la de 1904. Confiamos en que esto no suceda y que los políticos actúen en defensa de los derechos de Bolivia, sin mezclar esta cuestión con otras materias, menos corresponde compensaciones de alguna naturaleza.

El canje territorial es inadmisible. Al usurpador, por el inservible callejón al norte de Arica se le antojó que debíamos compensarlo con igual extensión territorial equivalente al callejón, ¡más mar territorial, zona económica y plataforma submarina! No faltaba más, habida cuenta que Bolivia nunca le cedió el mar.

Tampoco podemos compensarle con gas que, de una vez, debe ser industrializado en el país. Con un equivocado enfoque de usar el gas como un agente estratégico para una salida soberana al mar, se realizó el referéndum de 18 de julio de 2004, en el que el pueblo dijo sí con un 54.80%, lo que significa que al pueblo se lo condujo por un camino errado, porque, repetimos, el derecho al mar no está sujeto a compensación.

¿Agua dulce por mar? Menos. Este preciado elemento lo necesitamos para regar el altiplano y aumentar los cultivos andinos, especialmente la quinua, producto con el que podemos saciar el hambre del mundo, con incalculables réditos para el país.

Es que para el acceso soberano al océano Pacífico no cabe ninguna contraprestación, porque es un derecho independiente, de esencia autónoma.

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