Con una masiva movilización en diferentes capitales del país, los médicos y trabajadores en salud acataron ayer el paro indefinido, rechazando el Decreto Supremo 1126 que incrementa las horas laborales; entre tanto el fiscal General, Mario Uribe, ordenó una investigación penal por la suspensión de servicios en el sector.
Los galenos lamentaron que el Gobierno haya desplegado a grupos de choque, camuflados entre la dirigencia de las juntas vecinales, para generar confrontación y violencia en los hospitales públicos bajo el argumento del control social.
La movilización no fue intervenida por efectivos policiales ni por el Ministerio Público, como se esperaba, tras el anuncio del ministro Carlos Romero.