Lamentable situación del empleado público

La reciente decisión del Ministerio de Economía de aumentar salarios básicos a los empleados públicos de bajo nivel, excepto a la alta burocracia “insensible y satisfecha”, ha puesto al desnudo la lamentable situación en que se encuentra este importante sector de trabajadores del país, situación que ha llegado a ser considerada como una de las más dramáticas de los últimos tiempos, como revela el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla).

Esa deplorable situación económica trata de ser superada ahora mediante un aumento de sueldos, pero tampoco esa medida resolverá la aguda crisis en que, en su gran mayoría, se encuentran estos servidores públicos que ya no gozan de estabilidad laboral, pues son sometidos a contratos de tres meses, son destituidos abruptamente para dar cabida a elementos más ineficientes, cuyo único mérito es servir incondicionalmente a la tienda partidaria gobernante; no se les paga beneficios sociales y tampoco, entre otros, pueden inscribirse en la seguridad social.

Por si fuera poco, esa inestabilidad laboral en la administración pública, que vulnera derechos adquiridos, se ha convertido en una actitud oficial discriminadora, ya que funcionarios con notable experiencia adquirida durante mucho tiempo, son destituidos para poner en su lugar a elementos sin ninguna calificación y, en muchos casos, con salarios más altos. Esa “política de recursos humanos” ha eliminado el concepto de la carrera administrativa y, en esa forma, los novatos que están a la espera de su turno para ingresar a las filas de la burocracia ministerial, pasan a ocupar las funciones que desempeñaban empleados especializados.

Aparte de esas actitudes discriminatorias, los empleados públicos actuales se encuentran sometidos a condiciones de trabajo poco menos que humillantes, pues son obligados a trabajar más de las ocho horas reglamentarias sin alguna remuneración y, por otro lado, son obligados a asistir a marchas y concentraciones convocadas por “órdenes superiores” y que no siempre tienen objetivos justificables. Otros empleados públicos son destituidos sin el proceso respectivo que pruebe su responsabilidad en actividades burocráticas y ha desaparecido el sistema de ascenso de nivel funcionario.

La lista de condiciones a que están sometidos actualmente los empleados de la administración pública resulta interminable y basta citar que no están incluidos en la Ley General del Trabajo y tampoco se les permite organizarse sindicalmente como ocurría en tiempos pasados. Tampoco se les permite tener alguna forma de representación para hacer los reclamos en caso necesario. Se suman a esos hechos problemas como que el incremento salarial no llega a empleados de empresas descentralizadas y desconcentradas del aparato estatal, los mismos que constituyen una cantidad parecida al número de funcionarios de los 20 ministerios del Poder Ejecutivo.

Pero el problema no radica sólo en esos aspectos, sino que llega muchísimo más allá y consiste en que la eficiencia administrativa y el servicio al público han caído abruptamente y, por tanto, todo el aparato estatal y no menos el sector público se ven perjudicados en gran medida. Todos esos factores están creando, por tanto, malestar en la gran masa de empleados y son factores de desprestigio para el “Estado Plurinacional” que es criticado por ser poco menos que “esclavista”.

Por si fuera poco, esa política neofeudal y neocolonial de empleo, al crear entre los funcionarios públicos un ambiente de inseguridad, bajos salarios, ineficiencia, discriminación, orientación racista y otras muchas prácticas, está determinando la creación de un sistema apropiado para el desarrollo de la corrupción, la discriminación y el racismo de grandes alcances, que no podrán ser controlados en forma alguna.