Lima.- El Gobierno de Perú decretó ayer el estado de emergencia (excepción) en la provincia cusqueña de La Convención, donde el pasado lunes un grupo armado secuestró a 43 trabajadores de empresas contratadas por el consorcio de gas de Camisea.
Un decreto publicado en el diario oficial El Peruano afirmó que la medida se prolongará durante sesenta días e implica la suspensión de derechos fundamentales como el libre tránsito y reunión, así como la inviolabilidad de domicilio.
Precisó que la medida se ha tomado porque el pasado lunes unos “50 elementos terroristas” tomaron como rehenes a trabajadores de la empresa Skanska y al teniente gobernador del poblado de Keshiapato.
“Tales hechos que son de conocimiento público demandan una acción inmediata del Estado a efectos de proteger a la población del referido distrito”, enfatizó el decreto.
Fuentes del Ministerio del Interior confirmaron ayer a Efe que un grupo de 43 personas permanece secuestrado en la selva peruana por una banda armada, que los medios locales vinculan con los remanentes del grupo terrorista Sendero Luminoso.
“Inicialmente fueron 45 los secuestrados y los únicos liberados han sido una doctora y una enfermera que no podían avanzar por la selva. A ellas se les ha entregado las notas con las reclamaciones”, afirmó la fuente.
En la nota de rescate que fue difundida por medios locales los captores piden el pago de 10 millones de dólares para liberar a los trabajadores y una “cuota de guerra” anual de 1,2 millones de dólares.
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