Vicepresidente explica que el Estado desembolsó $us 16 millones a OAS

El vicepresidente del Estado, Álvaro García, informó ayer que la inversión de la parte brasileña para la construcción de la carretera es de 352 millones de dólares del total de $us 415 millones, siendo el saldo de 63 millones de dólares la contraparte boliviana desembolsando para la OAS hasta la fecha $us 16 millones, lo que significaría el 26 por ciento estipulado.

“El dinero de contraparte que ha dado el Estado boliviano suma 16 millones de dólares, de los cuales 7,5 millones que ha entregado ABC, lo ha hecho amparado en la Ley de Aprobación del Protocolo del Financiamiento, es decir que está protegida la decisión de ABC”, respondió ante cuestionamientos sobre los riesgos para el país ante el anuncio de anular el contrato con la empresa brasileña.

El segundo mandatario dio a conocer que en el contrato establecido entre la OAS y la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), en agosto de 2008 establece que la inversión total que se realizaría para la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, es de 415 millones de dólares; del total de dicho monto Bolivia invertiría el 15%, dejando que el otro porcentaje sea financiado por el préstamo que realizaría el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES).

“Estamos en proceso de resolución del contrato con OAS y lo que pasa con el financiamiento es una decisión que queda en manos de BNDES, puede decir que se acabó el financiamiento, o podrá decir que mantiene el financiamiento para la misma carretera o para otra carretera”, dijo.

Ante la controversia establecida en torno a los contratos y sus ejecuciones, García señaló que los contratos son públicos y que se pueden encontrar en la web. Pero al intentar conseguir los mismos se evidenció que en el portal de la ABC sólo existe el documento de construcción establecido con la OAS y no así el contrato de financiamiento, sin contar que algunos enlaces de la página oficial de dicha entidad están fuera de servicio.

Asimismo, aclaró que “la contraparte que ha dado el Estado a través de la ABC a OAS suman 16 millones de dólares y no 83 millones; $us 83 millones era la totalidad del primer desembolso del 20% de ese 83 le correspondía 16 al Estado que hemos desembolsado, el resto le correspondía al BNDES que no ha desembolsado”.

Por otra parte, señaló que ante el incumplimiento de contrato por parte de la OAS en el término de 15 días se procederá a la ejecución de la boleta de garantía que asciende a 29 millones de dólares.

Ante este panorama, el analista económico Armando Méndez, expresó que el tema de la ejecución de la boleta de pago por incumplimiento de contrato sólo es uno más de los eslabones de la problemática, considerando que el verdadero problema es el inicio de una carretera que no cuenta con bases legales claras, como la falta de una consulta a los habitantes de la región afectada.

Asimismo, señaló que en relación a la ejecución de la boleta de garantía se debe recordar que el proceso se realiza con dos empresas internacionales grandes como ser la OAS y conjuntamente el BNDES, motivo por el cual el Gobierno debe considerar los resultados que implicaría el hecho de que la empresa constructora demuestre que no existió el supuesto incumplimiento de contrato.

Méndez señaló que este tipo de problemas no se resuelven con la ejecución de las boletas, considerando que se habla de grandes transnacionales y con un banco como el brasilero que está financiando esta obra. “Se procede con un manejo político, publicitario que va a traer más consecuencias y preocupaciones al país”, mencionó.

La garantía que el Gobierno pretende cobrar responde al contrato entre la ABC y OAS de 2008 que establece $us 11 millones por concepto de boleta bancaria y $us 18 millones de póliza de seguro.