Desinteligencias policiales - municipales

Para el Gobierno Municipal de La Paz se hacen insolubles dos temas con la Policía Nacional: coordinar acciones para la seguridad ciudadana y consensuar colaboración sobre el tráfico y transporte urbano. La población lamenta esta situación a la que se enfrenta de modo cotidiano y frente a la cual se encuentra desamparada. Una de la causas de esta falta de coordinación son las diferencias políticas entre el MAS y el MSM, aliados hasta ayer.

En dichas circunstancias, con acierto el alcalde Luis Revilla ha calificado el impasse como “la lógica de politizar a la Policía”. En efecto, esta institución no acude a respaldar acciones edilicias, ni presta auxilio cuando lo solicitan las autoridades municipales. Desde luego, la Policía no incumple ese deber por propia iniciativa, sino acatando instrucciones del Gobierno o, por lo menos, por su afán de quedar bien con el mismo.

Clara muestra de lo anterior es que la Policía brilla por su ausencia en torno a los avasallamientos de tierras del municipio y no hay mejor ejemplo que la ocupación de gran parte del Parque Nacional Mallasa por comunarios, o cuando el propio Palacio Consistorial sufre diversas agresiones por gremios y otros, sucesos en los que sólo falta que los gendarmes se sumen a los ataques.

Sin embargo, las sanciones por infracciones de tránsito es el tema que ha quedado pendiente estos días en la Ley Municipal de Transporte, en espera de una adecuada distribución de atribuciones “en el ámbito administrativo municipal y aquellas que corresponden al ámbito municipal”, expresó la señora Niño de Guzmán, presidenta del Concejo edil, lamentando al mismo tiempo que por segunda vez el Comandante General de Policía se negara a reunirse con ella para tratar la cuestión. Con anterioridad la cúpula policial rechazó la invitación aduciendo que no admite “una usurpación de funciones”. Abstracto y excesivo celo que, en resumidas cuentas, redunda en perjuicio del público usuario.

El Gobierno Municipal afirma que el proyecto de ley se ajusta a la Constitución, a la Ley de Autonomías y la Ley Nacional de Transporte, por lo cual no ve la razón de la sistemática oposición del organismo del orden, además que sólo se busca el bienestar del mundo usuario, de los peatones y de los mismos transportistas. La definición del capítulo referido a sanciones es también importante porque el sector transportista ha manifestado la imposibilidad de aceptar sanciones de carácter doble en su actividad.Los antecedentes de la resistencia policial son varios. Entre éstos se recuerda el violento rechazo de la Unidad Operativa de Tránsito a los reguladores municipales del tráfico. Por otra parte, según la Policía, el convenio que le propuso la alcaldía en agosto de 2011 para coordinar la seguridad ciudadana “no se ajusta a la normatividad vigente”, argumento difuso por el que lo desechó. El Alcalde Revilla hizo pública su queja en sentido de que la Policía firmó convenios similares con los gobiernos municipales de El Alto, Cochabamba y Cobija, pero no lo hace con los municipios que no responden al oficialismo, denuncia que muestra hasta qué punto se agravan los peligros que sufre la población por mezquindades políticas de naturaleza inédita en la historia del país.

Es deplorable que no haya una clara asignación de funciones institucionales y que todos hagan de todo. En esas condiciones la población sigue llevando sobre sus espaldas las consecuencias de la confusión y el desorden.