Falta de gobernabilidad causa incertidumbre

La ciudadanía está preocupada por la ola de conflictos sociales que asola al país, poniendo en riesgo la endeble democracia conseguida con esfuerzo y sacrificio. La falta de gobernabilidad se la observa con cada demanda de atención de regiones autónomas, al margen de la Ley Marco de Autonomías, que en sus diversos artículos establece opciones para solucionar diferencias departamentales.

El Ministerio de Autonomías debe asumir su papel a fin de solucionar conflictos como el de límites entre Potosí y Oruro. Mantener esa situación de beligerancia origina incertidumbre en los bolivianos. Si ninguna de las partes cede, queda la posibilidad de hacer un referéndum. En este caso está visto que los intereses de ambos departamentos está supeditados no sólo a la fijación de límites, sino a la presencia de constituyentes para impulsar la instalación de una fábrica de cemento o debatir sobre la explotación de minerales. En este último caso, mediante una negociación hábil entre autoridades locales y el Ministerio de Autonomías para una explotación conjunta, con un 50% de ganancia para cada una de las partes, se podría lograr entendimiento.

En cuanto al litigio por la propiedad del pozo Margarita, que está en territorio de Tarija, origina enfrentamiento con el departamento de Chuquisaca, que alegando que el yacimiento de gas se extiende hasta su territorio, quiere recibir las regalías en un 50%. Parecería que se mueven intereses políticos de las gobernaciones de ambos departamentos. Llama la atención que en este conflicto aparezca la empresa petrolera REPSOL que manifiesta haber hecho estudios sobre la producción del pozo Margarita, apoyando de soslayo que las regalías sean de 50% para cada una de las dos partes.

En otro caso conflictivo, el Gobierno planteó un aumento salarial del 7%, de acuerdo con el actual nivel de inflación, a lo que responden los trabajadores pidiendo un aumento de 3.200 bolivianos mensual para compensar la subida de precios de artículos de primera necesidad. Si no hubiera entendimiento entre estas dos posiciones, pueden surgir enfrentamientos en las calles, alterando las actividades cotidianas de los ciudadanos, que intentan sobrevivir como pueden ante una situación económica difícil.

A esta situación se añade el anuncio de los transportistas nacionales para subir el costo de los pasajes, lo que podría provocar una cadena inflacionaria que castigará a los más pobres. ¿Tendrán razón los trabajadores al decir que el aumento de las reservas del Banco Central es a costa del bajo nivel salarial?

Por otra parte con el anuncio gubernamental de que se anula el contrato suscrito con la Empresa OAS, que estaba encargada de la construcción de la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos, prácticamente estaría solucionado el conflicto con los TIPNIS, por lo que no tendrían razón de ser la marcha programada ni la consulta que se pretendía hacer, ya que la carretera mencionada es postergada indefinidamente. Es evidente que es un retroceso político para evitar el alto costo que significaba ir en contra del criterio de la mayoría de la población boliviana.

Para que esos y otros conflictos no se agraven ni sea dañada la imagen del Gobierno y el país, es preciso buscar entendimiento, en caso contrario quedaría en riesgo la democracia.

El autor es ex docente de la UMSA.