Ejecutivo firmó en mayo de 2010 acta sobre consulta con indígenas

En mayo de 2010, indígenas de Tierras Bajas y diputados de circunscripciones especiales acordaron, tras un primer desencuentro con el Ejecutivo, un pliego que citaba iniciar en 15 días la elaboración de un reglamento general de consulta, recordaron los protagonistas. El Gobierno incumplió lo firmado y ahora acude a invitados internacionales para asegurar que la consulta previa es oportuna y respeta los derechos indígenas.

El documento denominado Acta de Concertación fue firmado el 15 de mayo de 2010 entre el Ministerio de Autonomías, de Desarrollo Rural y de Hidrocarburos con la Cidob, establecía el respeto al derecho de consulta.

Ante las constantes descalificaciones del Ejecutivo apuntarían a debilitar la novena marcha indígena, el dirigente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) Lázaro Tacoó, aseguró que la movilización se realiza para que el Gobierno escuche las demandas de Tierras Bajas, tal como pidieron el 2010, cuando una comitiva llegó hasta la Asamblea Legislativa, exigiendo atención y respeto a sus derechos.

En mayo y junio de esa gestión, se produjo la primera movilización que advertía un quiebre en el denominado Pacto de Unidad con el Gobierno y el Movimiento Al Socialismo (MAS).

Legisladores de circunscripciones especiales ingresaron en huelga de hambre en pleno Salón Rojo de la Cámara de Diputados. La tensión anunciaba la llegada de la marcha indígena desde Beni, pero tras acuerdos firmados por autoridades del Ejecutivo, la medida fue desactivada. Era la octava marcha indígena en su fase primaria.

Al menos nueve puntos fueron planteados por la dirigencia indígena y sus diputados uninominales, entre ellos Pedro Nuny, Blanca Cartagena y Eleuterio Guzmán, aunque este último se encuentra en posición militante por el MAS en la actual coyuntura y apoya la consulta para la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos.

Eran 15 meses antes de la octava marcha por la defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) y entonces la opinión pública apenas conocía el proyecto de la carretera construida por OAS. En el pliego de los indígenas, se habló del respeto a la consulta previa, tal como reiteró el dirigente del Consejo Nacional de Markas y Allyus del Qullasuyu (Conamaq) Rafael Quispe, quien formó parte de ese piquete hace dos años.

El Gobierno comprometió entregar a la Cidob hasta el 19 de mayo de ese año, el informe de impacto ambiental del proyecto carretero, además de establecer un plazo de 15 días, que no superaba ese mes, para elaborar un reglamento general para la consulta previa, tomando como base las experiencias con concesiones petroleras.

Pese a las observaciones al proyecto de la Administradora Boliviana de Carreteras y la empresa constructora de Brasil OAS y el rechazo a la Ley 222 de consulta a las 64 comunidades del Tipnis, hoy el Gobierno asevera que la norma y el procedimiento son oportunos y democráticos.

En declaraciones a medios estatales, la presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, informó cuatro expertos internacionales que llegaron al país para participar en un foro de Naciones Unidas, coincidieron en asegurar que la ejecución de la Consulta a los pueblos indígenas sobre la puesta en marcha de proyectos en sus territorios “siempre es oportuna”, en el marco del ejercicio de los derechos de las naciones indígenas, originarias y campesinas.

“Lo cierto es que las experiencias que hay a nivel latinoamericano y mundial determinan que inclusive ejecutándose una obra se puede realizar una consulta, es decir que siempre es oportuna, inclusive en el momento de construcción”, argumentó Delgado.

Una de las expertas, Birgitte Feiring, dijo: “Sobre la legislación nacional y el origen, nosotros que venimos de afuera, estamos muy impresionados de los que se encuentra en Bolivia y no obstante hemos escuchado estos días que lo que falta en Bolivia para la aplicación del derecho a la Consulta es una ley, eso puede ser paradójico con toda la normativa que existe en el país”.

DATOS

El Acta de Concertación cita sobre la consulta:

- “El gobierno del Estado Plurinacional, garantiza que antes de diseñarse y ejecutarse proyectos de infraestructura que puedan afectar a los pueblos indígenas en sus territorios y comunidades, como son las carreteras, hidroeléctricas, exploración de recursos naturales (hidrocarburos, minería, etc.) informará y consultará a los pueblos indígenas afectados o susceptibles de afectación con presencia y participación de autoridades de las organizaciones indígenas local, regional y nacional como garantía de transparencia de la consulta”.