Polígono 7 en proceso de consulta es calificada de estrategia política

Según un comunicado de prensa, la Fundación de Tierra, denunció que de acuerdo al protocolo que se prepara para la consulta respecto a la construcción de la carretera por el Tipnis, el Consejo de Indígenas del Sur (Conisur) que habitan en el sector del Polígono 7, participarían de este proceso. Para el analista Franklin Pareja, esta es una estrategia que el Gobierno utiliza porque conoce de antemano una “derrota” en este proceso.

El analista hizo referencia a la Ley 222 de Consulta Previa, promulgada el pasado año, la cual establece que en este proceso deben participar los pueblos mojeños, chimanes y yuracarés. “Pero la Ley no habla de colonos del Polígono 7”, dijo.

Tomando en cuenta que el proceso de consulta “previa”, es una acción completamente al margen de lo que establece la Constitución Política del Estado (CPE), los que habitan en el Polígono 7 y pertenecen al Conisur, son campesinos colonos y son propietarios privados de tierras que son parte del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), explicó el analista.

“En cambio, los indígenas originarios del Tipnis, son propietarios de tierras de forma comunitaria”, complementó.

Sin embargo, de acuerdo con Pareja, la propiedad privada de los colonos no esta en entredicho ni se espera lograr una respuesta de este sector respecto a la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos.

“Lo que esta en juego y lo que se debe respetar es la propiedad comunitaria de los indígenas originarios del Tipnis, que es el parque nacional y es el mismo parque que se verá afectado si se construye un camino por el medio. Por lo tanto, los colonos del Polígono 7 no tienen por qué ser consultados”, aseveró.

Para el analista, este es un exceso del Gobierno, debido a que utiliza esta “estrategia”, para conseguir una postura favorable a la consolidación del proyecto caminero, debido a la seguridad que tiene de ser derrotado en la realización de la consulta.

Pareja recordó que quienes participaron en la octava marcha indígena, representaban en su mayoría a los indígenas de Tierras Bajas que rechazaban la construcción de la carretera, por lo que si realizara la consulta con estos comunarios la derrota sería evidente, añadió.

“Y a esto hay que sumarle que este proceso vulnera todas las normas vigentes, que reconocen los derechos de los pueblos indígenas y especialmente de la Constitución Política del Estado”, agregó.

El Protocolo fechado en el 24 de marzo de 2012, elaborado por las autoridades nacionales, consta de cinco artículos y es una herramienta para la consulta dispuesta en la ley 222 promulgada en febrero de este año.

En los dos primeros describe el área y se enumera las comunidades que existen en el lugar, y en el listado se incluye a la organización indígena Consejo Indígena del Sur (Conisur) que representaría a los indígenas que habitan la zona colonizada del Tipnis.